Certificados falsos en San Luis: el método que usaban para justificar casi 3.000 días de licencia

La Justicia imputó a un ex psiquiatra del Poder Judicial y a una exempleada pública por presuntos certificados médicos apócrifos que habrían servido para justificar casi 3.000 días de ausencia laboral en San Luis. El caso, que involucra a 31 agentes estatales, dio su primer paso concreto después de 17 meses de investigación.

La jueza de Garantía N°2, Agustina Dopazo Samper, formalizó la imputación pedida por la fiscal adjunta Antonella Romagnoli. Franco Mastronardi, quien se desempeñaba como psiquiatra en el Cuerpo Profesional Forense, quedó acusado de falsedad ideológica de certificado médico, incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la Administración Pública en grado de tentativa. Noelia Fernández, exempleada del Ministerio de Ciencia y Tecnología, fue imputada como presunta coautora de este último delito. Ambos se negaron a declarar.

El caso que destapó la investigación

El episodio que permitió avanzar a la Fiscalía ocurrió en agosto de 2024. El día 23, Mastronardi le extendió a Fernández un certificado por 30 días de licencia. Dos días después, la mujer viajó a España desde Ezeiza. El 29 de agosto, el médico emitió una nueva certificación que indicaba un cuadro de trastorno de pánico y agorafobia, y pidió que una eventual Junta Médica se realizara de manera virtual.

El sistema de control de ausentismo aceptó en un principio esa modalidad, pero la situación cambió cuando compañeros de trabajo advirtieron en redes sociales que Fernández estaba en el exterior. Convocada a una Junta Médica presencial, la exempleada insistió con la opción virtual, le fue rechazada y no se presentó. El certificado se declaró inválido y su vínculo con el Estado terminó en septiembre de 2024.

Una denuncia con 97 certificados bajo la lupa

La causa se inició el 8 de abril de 2025 a partir de una denuncia de Fiscalía de Estado, que detectó decenas de certificados firmados por Mastronardi. En total, se investigan 97 certificados emitidos entre enero de 2024 y marzo de 2025 a 31 agentes públicos, que habrían justificado 2.989 días de inasistencia. Según la acusación, aparecen diagnósticos psiquiátricos idénticos o similares y licencias consideradas excesivamente largas.

La jueza aclaró que la imputación no implica que todos esos certificados sean falsos. En esta primera etapa, el análisis se concentró en el caso de Fernández. Además, se investiga si Mastronardi ejercía actividad privada pese a la incompatibilidad de su cargo. El Superior Tribunal de Justicia dispuso su cesantía el 25 de junio de 2025, en el marco de un sumario administrativo.

Las defensas rechazaron las acusaciones

Fernández, que reside en España y participó de la audiencia de forma remota, sostuvo a través de su abogado Adriel Cabello que las ausencias fueron descontadas de su liquidación final, por lo que no existiría un perjuicio económico consumado. La defensa de Mastronardi, a cargo de Gabriel Varela y Hugo Scarzo, planteó que una diferencia de criterio médico no implica automáticamente una falsedad y que se necesitará una pericia técnica para determinar si los diagnósticos eran verdaderos.

La jueza consideró que esas discusiones se resolverán durante la investigación, con medidas como pericias caligráficas y de firmas, entrevistas a profesionales de Juntas Médicas y nuevos informes. Por ahora, fijó medidas de coerción por cuatro meses: Fernández deberá comunicarse por correo electrónico con la Fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes, y Mastronardi tendrá que firmar el libro de imputados periódicamente. Se rechazó la caución económica y la prohibición de salir de la provincia para el ex psiquiatra.

La causa entra en una etapa decisiva: las imputaciones alcanzan por ahora solo al caso de Fernández, pero la Fiscalía mantiene bajo análisis los 97 certificados y los casi 3.000 días de licencia. El avance de las pericias definirá si las sospechas se extienden a otros agentes o si las irregularidades quedan acotadas a lo ya presentado ante la jueza.