Certificados médicos truchos: el viernes arranca la primera ronda de acusaciones

Después de más de dos años de espera, la causa por los certificados médicos apócrifos presentados por empleados estatales rionegrinos tendrá este viernes su primera audiencia de formulación de cargos. La justicia avanza con las primeras acusaciones formales en un caso que involucra a más de un centenar de personas.

¿Por qué se demoró tanto la audiencia?

La convocatoria original estaba prevista para el 4 de junio, pero el juez de Garantías Adrián Dvorzak decidió suspenderla. El motivo: la imposibilidad operativa de llevar adelante el debate con 119 imputados en una sola jornada. Por eso, se resolvió que las acusaciones se harán en tandas.

Esta primera instancia llega a dos años y tres meses de la denuncia inicial, un recorrido que incluyó presentaciones del propio gobernador y la intervención de la Fiscalía de Estado.

¿Quiénes se sientan en el banquillo?

En esta primera audiencia, citada para el viernes 21, están convocados la médica que habría firmado la documentación cuestionada, un facilitador que gestionaba los trámites y cuatro agentes públicos: un penitenciario, una docente y dos policías.

La defensa de los imputados estará a cargo de los abogados Silvio Garrido, Santiago Gonzalo Silva y Omar Jurgeit. En tanto, la acusación la llevan los fiscales Francisco Marano y Juan Pedro Peralta.

El Estado provincial se presentará como querellante, representado por Federico Rosbaco, de la Fiscalía de Estado.

¿De qué se los acusa?

La hipótesis fiscal sostiene que los certificados médicos consignaban enfermedades o impedimentos laborales inexistentes. Con esa documentación, los trabajadores estatales habrían justificado ausencias y cobrado haberes durante períodos de licencia sin respaldo real.

La investigación no apunta solo a quienes usaron los certificados. También se busca determinar la responsabilidad de los profesionales que los emitieron y de quienes pudieron haber actuado como intermediarios.

El origen de la causa

La denuncia se formalizó el 23 de mayo de 2024, impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, el fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban, y su adjunto, Luciano Minetti Kern. En una presentación posterior, se identificó a una médica de General Roca y a un psicólogo de Villa Regina como firmantes de los certificados.

Si bien en su momento se mencionó que la denuncia podría ampliarse a otros profesionales de la salud, eso nunca ocurrió. De hecho, el psicólogo de Regina quedó desvinculado del expediente por falta de pruebas suficientes.

El Estado provincial se constituyó como querellante por el perjuicio económico que habrían generado los pagos de haberes durante licencias sustentadas en documentación falsa.