Certificados médicos truchos: la megacausa cambia de juez y de ciudad

La investigación por los certificados médicos presuntamente falsos que usaban agentes públicos para justificar sus ausencias laborales ya tiene nuevo destino: seguirá en las circunscripciones judiciales de Roca y Cipolletti. Así lo dispuso el juez de Garantías de Viedma, Adrián Dvorzak, quien ordenó remitir las actuaciones a los foros de jueces de las localidades donde se presentaron esos documentos.

La decisión, que trasciende en medio de la causa que involucra a policías, penitenciarios y docentes, se sustentó en la necesidad de garantizar el derecho de defensa de los investigados y de facilitar la producción de pruebas.

Qué se investiga

El expediente apunta a una presunta maniobra en la que agentes policiales, del servicio penitenciario y docentes habrían presentado certificados médicos falsos para justificar ausencias y cobrar sus salarios sin los descuentos que correspondían.

La acusación considera que esas conductas podrían encuadrar en los delitos de fraude a la administración pública y uso de documento falso.

Para sostener la hipótesis, la pesquisa incluyó allanamientos en Roca, el secuestro de teléfonos y computadoras, el análisis de conversaciones y peritajes sobre la documentación vinculada con las licencias médicas. También se sumaron informes de organismos públicos y estudios de áreas técnicas del Ministerio Público Fiscal.

El planteo de las defensas

Durante las audiencias, los abogados de los imputados pidieron que el expediente dejara de tramitarse en Viedma. Su argumento central: los hechos ocurrieron sobre todo en Roca y Cipolletti, donde se habrían presentado los certificados y donde vive la mayoría de los investigados.

Además, remarcaron que la distancia con la capital provincial complicaba las entrevistas entre abogados e imputados, la preparación de las estrategias defensivas y la producción de pruebas. Sostuvieron que mantener la causa en Viedma podía afectar el ejercicio efectivo del derecho de defensa.

Del otro lado, el Ministerio Público Fiscal y la querella, a cargo de la Fiscalía de Estado, se opusieron. Señalaron que el presunto perjuicio económico recayó sobre la administración provincial, con sede en Viedma, y que buena parte de la investigación ya se había desarrollado desde esa ciudad. Trasladar las actuaciones, advirtieron, podía generar demoras y dificultades organizativas.

Competencia en todo Río Negro, pero con otra sede

Dvorzak analizó ambas posturas y trazó una distinción: la competencia territorial de los magistrados, por un lado, y la organización del trabajo judicial dentro de la provincia, por el otro.

En ese marco, explicó que los jueces penales de Río Negro tienen competencia en todo el territorio provincial. Por eso rechazó formalmente el planteo de incompetencia territorial que habían presentado las defensas.

Sin embargo, consideró que había razones suficientes para que la investigación continuara en las circunscripciones donde se habrían producido los hechos. Allí se presentaron los certificados médicos, se realizaron medidas de investigación y se encuentran gran parte de los imputados, sus abogados y las posibles fuentes de prueba.

El magistrado hizo especial hincapié en las dificultades que la distancia puede generar para la defensa. Indicó que la comunicación virtual no siempre alcanza para preparar una estrategia, mantener entrevistas personales y desarrollar las medidas probatorias necesarias.

También aclaró que el traslado del expediente no implica empezar de cero: las pruebas reunidas y las actuaciones realizadas conservan su validez y podrán utilizarse en las circunscripciones que tomen el trámite.

Qué pasa con las pruebas secuestradas

La resolución ordena remitir las actuaciones a los foros de jueces correspondientes a los lugares donde fueron presentados los certificados médicos. La medida se hará efectiva una vez que la decisión quede firme.

Asimismo, dispuso que los elementos secuestrados durante los allanamientos queden a disposición de las autoridades judiciales que intervengan en adelante, con cumplimiento de las reglas de preservación y cadena de custodia.

La decisión no resuelve la responsabilidad penal de los investigados ni modifica los hechos que atribuye la acusación. Define, en cambio, dónde deberá continuar el proceso y qué autoridades judiciales intervendrán en las próximas etapas.