Certificados truchos: la insólita excusa del médico que destapó el fraude en el Estado

La depuración del Estado neuquino sumó una nueva baja: una empleada de planta permanente fue exonerada por presentar certificados médicos falsificados. Lo más llamativo del caso: el profesional que supuestamente los firmaba vivía en Italia desde hacía años y no tenía idea de lo que estaba pasando.

La medida fue confirmada en el marco de la política de tolerancia cero impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, que ya dejó afuera a varios agentes por distintas irregularidades. Esta vez, la sancionada fue María Inés Mellado, quien se desempeñaba en la entonces subsecretaría de Familia del ex ministerio de Gobierno.

Según consta en el expediente, Mellado presentó certificados con prescripción de reposo laboral el 15 de marzo y el 9 y 10 de mayo de 2023. Pero había un detalle que llamó la atención de los auditores: la firma y el sello pertenecían a un médico que, en realidad, no estaba en el país.

¿Cómo se descubrió la maniobra?

La investigación administrativa reunió pruebas documentales, testimoniales e informes oficiales que no dejaron margen de duda. La dirección nacional de Migraciones confirmó que el profesional había salido de Argentina dos años antes, mientras que el médico, desde Europa, ratificó que ni la firma ni la letra le pertenecían.

En su declaración testimonial vía Zoom, el hombre aseguró que desde 2021 no ejerce la medicina en el país, ya que se mudó a Italia y no regresó desde entonces. Con ese cúmulo de evidencias, los auditores calificaron la conducta de Mellado como una falta gravísima y una notoria indignidad moral.

¿Qué sanción le aplicaron?

La exoneración es la pena más severa dentro de la administración pública, incluso más dura que una cesantía, porque impide el reingreso al Estado provincial. La decisión refleja la intención del Gobierno de aplicar las máximas sanciones cuando se verifican hechos de esta naturaleza.

Aunque los hechos ocurrieron durante la gestión de Omar Gutiérrez, la sanción llegó recién ahora, en el marco de la lucha contra los llamados ñoquis, vagos e indisciplinados. Lejos de tratarse de un caso aislado, esta exoneración se suma a una larga lista de agentes que quedaron fuera de la administración por distintas irregularidades.

La premisa que instaló el Ejecutivo provincial sigue vigente: quien incumpla la ley, defraude al Estado o abuse de su condición de empleado público deberá afrontar las consecuencias.