Cesantía oficial: la exdirectora del Hospital de Chajarí quedó fuera del sistema de salud

Este lunes, el Gobierno de Entre Ríos oficializó la cesantía de la médica María Fernanda Lalosa, quien se desempeñó como directora del Hospital Santa Rosa de Chajarí durante la gestión anterior. La medida se formalizó a través del decreto N° 1.935, publicado en el Boletín Oficial.

¿Qué originó la investigación?

La decisión se conoció en junio de 2025, cuando el Poder Ejecutivo instruyó un sumario administrativo contra la profesional, que integra la planta de Salud en la carrera médico asistencial. En aquel momento, la medida se formalizó mediante el decreto N° 898, del 7 de mayo de ese año.

Según consta en el expediente, a Lalosa se le reprocharon "conductas agresivas dirigidas hacia los directivos" del nosocomio, lo que evidenciaba "un constante desconocimiento de la autoridad institucional". Además, se le imputó "la negativa persistente a registrar su marcación de asistencias" pese a las reiteradas notificaciones, y el "abandono de guardias médicas sin justificación ni autorización previa", lo que comprometía el funcionamiento del servicio.

El inicio de la causa

La investigación comenzó el 30 de octubre de 2024, a partir de una nota presentada por el entonces director del Hospital Santa Rosa, Daniel Benítez, ante el Ministerio de Salud. El sumario concluyó que, según el análisis de la prueba testimonial, la doctora mantuvo "conductas incompatibles con las directivas impartidas por la Dirección del Hospital", con dificultades en sus relaciones laborales con enfermeros y colegas, e incumplimientos en el desarrollo de las guardias.

El actual director del hospital declaró que su antecesora "no acata las órdenes de la Dirección" y que, al retirarse de las guardias, "no marca ni el ingreso ni egreso" en el reloj fichador. También señaló que "no tiene buenos tratos hacia los enfermeros ni hacia sus pares" y que "marca cierta desigualdad y abuso de poder". El enfermero Javier Sánchez coincidió: "Su desempeño es irregular e irrespetuoso".

La resolución final

La investigación interna desestimó los descargos de la médica y dio por probados los hechos. En la resolución, se sostiene que su accionar "evidencia un grave apartamiento de los deberes inherentes a la función pública" y que compromete el normal funcionamiento del servicio, por lo que se aplicó una "medida disciplinaria expulsiva" de la administración estatal.