Chaco blindó por dos años la emergencia habitacional: quién queda a cargo de las partidas
El Parlamento chaqueño votó por unanimidad y la emergencia habitacional vuelve a regir dos años. Lo llamativo: quién tendrá la lapicera para repartir las partidas que la ley exige.
La Legislatura chaqueña aprobó este miércoles, por unanimidad, la ley que vuelve a poner en vigencia por dos años la Ley N° 3201 – K de Emergencia Habitacional y de Infraestructura Social Básica en todo el territorio provincial. La norma establece que el Ejecutivo provincial deberá asignar las partidas presupuestarias necesarias para sostenerla.
El proyecto tuvo como autor al diputado Carlos Salom, del interbloque Chaco Puede, quien defendió la iniciativa ante sus pares y pidió el acompañamiento de todas las bancadas.
Una herramienta que ya lleva varias reinstauraciones
Salom recordó que la ley se impulsó originalmente en 2020, "en circunstancias también muy especiales", y que desde entonces ya fue reinstaurada en dos oportunidades.
"Nos toca a nosotros pedirles también. Enfrente tenemos una situación difícil a la que le agregamos el fenómeno de El Niño. Esta armonización que tenemos que tener con todos los municipio de la provincia de Chaco habla también de que compartimos una difícil situación y esta herramienta que pretendemos que sea ley necesita la población y particularmente en situaciones de vulnerabilidad y especiales", sostuvo el legislador al solicitar el respaldo de sus colegas.
Los argumentos del proyecto
En los fundamentos de la iniciativa, el diputado remarcó la necesidad de contar con esta herramienta jurídica, "entendiendo que el acceso a una vivienda digna y a un hábitat adecuado constituye un derecho fundamental y una condición indispensable para el desarrollo integral de las personas y las familias".
Además, planteó que el problema habitacional excede la mera falta de vivienda: "La problemática habitacional no se limita a la falta de vivienda, sino que comprende también situaciones de precariedad, hacinamiento, falta de servicios esenciales, infraestructura insuficiente e irregularidad dominial, que afectan especialmente a los sectores de mayor vulnerabilidad", remarcó.