En el norte chaqueño hay productores que llevan generaciones trabajando con el monte adentro. Europa ahora les exige certificar que no deforestaron, y el esfuerzo podría caer sobre los que menos pueden afrontarlo.
El Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) ya cambia las reglas para la ganadería, la agricultura y la actividad forestal chaqueña. Juan José Bergia advierte que la norma obliga a demostrar trazabilidad y a certificar que los productos no salieron de superficies deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, sin contemplar las particularidades de una provincia que conserva buena parte de su bosque nativo.
El texto, firmado por el ex legislador provincial y presidente del NEPAR, plantea que el objetivo ambiental de la medida puede ser atendible, pero que su aplicación tendrá efectos muy distintos según la región. Y en ese debate, sostiene, el Chaco no puede quedar afuera.
Una provincia que produce con el monte adentro
El argumento central pasa por un dato que, según Bergia, no suele aparecer en las discusiones nacionales: cerca del 50% del territorio chaqueño mantiene cobertura de bosques nativos. Eso implica que buena parte de la producción agropecuaria, sobre todo en el norte provincial, convive con ecosistemas naturales que forman parte de la estructura productiva de los establecimientos.
En esa zona, la ganadería se desarrolla desde hace generaciones bajo sistemas silvopastoriles y modalidades extensivas. Allí el monte no es un obstáculo para producir, sino parte del sistema. Hay productores que trabajan con el bosque, aprovechan sus recursos y mantienen la cobertura vegetal como parte de su actividad económica.
Bergia contrasta esa realidad con la de otras zonas núcleo del país, donde la transformación de los ecosistemas para dar paso a la agricultura ocurrió hace décadas y prácticamente eliminó la cobertura original. "No puede ser que se coloque en una misma situación a quien produce sobre territorios que conservan millones de hectáreas de monte nativo y a quienes desarrollan su actividad en regiones que transformaron casi por completo sus ecosistemas naturales", plantea.
Costos, trámites y ninguna garantía de mejor precio
Para colocar productos en el mercado europeo, los productores deberán adecuar sus sistemas, incorporar mecanismos de trazabilidad, identificar geográficamente los establecimientos y acreditar condiciones ambientales. Eso implica costos, trámites, asistencia técnica y nuevas responsabilidades.
El problema, según el autor, es que ese esfuerzo de adaptación no viene acompañado de ninguna garantía de mejor precio. Se exige invertir y modificar procedimientos para conservar un mercado de destino, pero nadie asegura una compensación económica.
El texto también marca que las exigencias no se pueden afrontar en igualdad de condiciones. Los sistemas de certificación y trazabilidad requieren conectividad, recursos, asesoramiento técnico y capacidad administrativa. Son condiciones posibles para establecimientos de mayor escala, pero una dificultad enorme para pequeños y medianos productores del norte chaqueño, donde las distancias, la infraestructura y el acceso a servicios son completamente distintos.
El sistema VISEC y el 5% que reclaman explicaciones
Bergia apunta contra algunos sectores del gremialismo ganadero que celebran las nuevas disposiciones como si fueran automáticamente una oportunidad para toda la producción. Señala que hay una distancia importante entre esa mirada y la realidad cotidiana de los productores del norte provincial, y pregunta cuántos quedarán en condiciones de cumplir y cuántos podrían quedar excluidos de determinados circuitos comerciales.
También pone el foco en la discusión alrededor del sistema VISEC y en los costos de implementación. Las objeciones a los mecanismos de certificación y, en particular, a las retenciones en torno al 5% por parte de frigoríficos exportadores para afrontar esos gastos, merecen una explicación transparente. "No es razonable que el costo de adecuarse a las exigencias de los mercados internacionales termine trasladándose unilateralmente al eslabón más débil de la cadena productiva", sostiene.
El pedido al Ministerio de la Producción y a la Provincia
Para el autor, el escenario representa un desafío institucional para las autoridades del Ministerio de la Producción y para el Poder Ejecutivo provincial. Pide promover instancias de diálogo y gestión ante el Gobierno nacional y la propia Unión Europea para que se comprenda la realidad ambiental y productiva del Chaco y se adecuen los mecanismos de aplicación.
Aclara que no se trata de desconocer los compromisos ambientales ni de renunciar a la trazabilidad. "Estamos planteando que se reconozca a quienes producen conservando", afirma.
La contradicción del Presupuesto 2027
El texto señala otra contradicción. Mientras se multiplican las exigencias internacionales para acreditar que las actividades son compatibles con la conservación de los bosques, el Gobierno nacional propone en el Presupuesto 2027 un financiamiento que Bergia califica de absolutamente insuficiente para el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, creado por la Ley 26.331.
La partida prevista asciende a $24.668 millones, cuando los recursos que corresponderían según el mínimo establecido por la propia ley superarían los $606.000 millones. Es decir, el proyecto contempla apenas el 4,07% de lo que debería destinarse legalmente.
Esos fondos son, según el autor, fundamentales para financiar proyectos de conservación y manejo sostenible, acompañar económicamente a los productores que preservan el bosque nativo y fortalecer la fiscalización y el control de las autoridades provinciales.
La conclusión del artículo apunta a la falta de coherencia: se pretende que los productores argentinos y chaqueños cumplan estándares cada vez más exigentes para acceder a los mercados internacionales, pero el Estado nacional no garantiza los recursos para sostener las políticas públicas que permiten conservar esos mismos bosques.
"El Chaco necesita una política que integre producción, conservación y desarrollo", cierra Bergia, y advierte que las nuevas reglas del comercio internacional no deben convertirse en una barrera que perjudique a los productores, especialmente a los pequeños y medianos establecimientos del norte provincial. "Producir conservando también tiene un valor económico, social y ambiental que debe ser reconocido", concluye.
(*) Juan José Bergia es ex legislador provincial y presidente del NEPAR.
