Chaco: la Justicia dio marcha atrás con los desmontes y el Gobierno de Zdero quedó en el centro de la escena

La Justicia Federal restableció la medida cautelar que frena los desmontes en Chaco, una decisión que golpea de lleno la gestión de Leandro Zdero y reabre el debate sobre el rol del Estado provincial en la autorización y fiscalización de la actividad forestal. El fallo llega en un contexto de fuerte presión ambiental y política.

La cautelar, dictada originalmente el 19 de agosto de 2024 por la justicia local, había sido dejada sin efecto. Ahora vuelve a estar vigente y suspende no solo los desmontes ya autorizados que aún no se ejecutaron, sino también el otorgamiento de nuevos permisos para cambios de uso del suelo en todo el territorio chaqueño.

El estudio del CONICET que definirá el futuro

La medida se mantendrá hasta que se produzca y evalúe judicialmente una pericia del CONICET. Ese estudio deberá analizar el estado actual de los bosques nativos, la magnitud de los daños provocados por los desmontes y sus consecuencias ambientales. Recién entonces la Justicia resolverá si la cautelar se extiende o se levanta.

La causa penal que dio origen a esta medida se conoce públicamente como la “Mafia del Desmonte”. Allí se investigan presuntas irregularidades vinculadas con permisos forestales, recategorizaciones de predios y cambios de uso del suelo en sectores protegidos por la normativa de bosques nativos. En la acción judicial intervinieron el Ministerio Público Fiscal de la Nación y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, esta última como querellante.

Alerta por una posible reforma de la Ley de Bosques

El fallo judicial se produce en un momento de alta sensibilidad política. En Chaco crece la preocupación por una posible reforma de la Ley de Bosques Nativos impulsada a nivel nacional, en un contexto marcado por el alineamiento de Zdero con el presidente Javier Milei. Esa combinación encendió las alarmas en sectores ambientales que advierten sobre un posible retroceso en los controles sobre los desmontes.

El debate comenzó en abril durante una charla en Resistencia, donde especialistas, investigadores y organizaciones del sector analizaron el alcance de los cambios propuestos. Allí coincidieron en que la iniciativa promovida por el Gobierno nacional en el marco del “Pacto de Mayo” podría debilitar los mecanismos de control y reducir la participación ciudadana en las decisiones sobre el uso del suelo.

La intención oficial de reformar la Ley de Bosques sigue vigente. Los expertos sostienen que, de aprobarse, el resultado sería menos instancias de control y menor transparencia, lo que facilitaría el avance de los desmontes en zonas sensibles. Mientras tanto, la cautelar restablecida mantiene en suspenso la actividad forestal en la provincia, a la espera de lo que dictamine el CONICET.