Chaco: la Justicia le dio 48 horas a Zdero y seis meses después sigue sin cumplir

El Superior Tribunal de Justicia del Chaco ratificó que el gobierno de Leandro Zdero está obligado a frenar las fumigaciones con glifosato y atrazina que rodean a la comunidad originaria Pampa Oculta, en Campo Largo. La intimación original es de marzo y daba 48 horas para actuar. Seis meses después, nada cambió.

La ratificación judicial llegó tras ocho años de reclamos de las familias del pueblo, que denuncian contaminación del agua, mortandad de animales y un aumento sostenido de casos de cáncer. Las medidas que la Provincia sigue sin ejecutar son dos: trazar una línea agronómica de resguardo y crear el Registro Epidemiológico que ordena la Ley de Biocidas.

"El derecho a consumir agua de calidad y la protección de un ambiente sano es para todos y todas, vivas en una ciudad o en una zona rural", dijo a El Destape Alejandra Gómez, una de las abogadas que representa a la comunidad. La letrada remarcó que el agua que toman las personas y los animales está efectivamente contaminada.

El caso que expuso la contaminación

Gómez relató una situación puntual que, según la denuncia, confirma la presencia de agroquímicos en el agua de la zona. "En la chacra del señor Héctor Vaney, la Administración Provincial del Agua había tomado muestras de aguas y reconocido la presencia de residuos de glifosato. Vaney padecía un cáncer de piel y falleció aproximadamente hace dos meses", contó la abogada.

Hoy son alrededor de 46 las personas afectadas por vivir en el sector del pueblo donde las fumigaciones no tienen control provincial. Las patologías que se registran tienden a agravarse de forma acelerada en personas con el sistema inmunológico debilitado o vulnerable por la exposición a los agrotóxicos.

La derivación de los casos más complejos es otro síntoma del problema. "Ante patologías de alta complejidad en niños que no pueden ser tratados en Resistencia, los pacientes suelen ser derivados al Hospital Garrahan en Buenos Aires. Es habitual que el propio personal médico, al recibir a chicos del Chaco con patologías poco frecuentes o de evolución rápida, asocie de inmediato estos cuadros a la exposición de agrotóxicos", señaló Gómez.

Qué dice la ley que el gobierno no cumple

La Ley de Biocidas chaqueña fue sancionada en 2012 y reglamentada por decreto en agosto de 2013. Regula el almacenamiento, transporte, distribución, comercialización y aplicación de fitosanitarios y agroquímicos en todo el territorio provincial.

El artículo 34 es el que la Provincia no aplica: ordena crear un registro epidemiológico con relevamientos del estado sanitario de la población expuesta. "Servirían para tener los datos de salud, obtener alertas, tomar otras medidas en protección", explicó la abogada.

La implementación de ese registro es clave para constatar la recurrencia de las enfermedades, entender por qué aparecen con mayor gravedad o a edades más tempranas y determinar si las causas principales están en la contaminación de las fuentes de agua o en la exposición directa a los agroquímicos.

Ocho años de reclamos y una causa judicial

El reclamo formal de las familias de Pampa Oculta arrancó en 2018. "Decían que las fumigaciones afectaban a las chacras, causaban la mortandad de animales, además de problemas en la salud de las personas", sostuvo Gómez. La Subsecretaría de Ambiente nunca dio respuestas, pese a que había comprometido inspecciones para constatar los hechos. Ante ese silencio, los habitantes del pueblo y un grupo de abogados avanzaron con acciones judiciales contra el gobierno provincial.

Las investigaciones científicas, en cambio, son bastante anteriores. Según Gómez, los estudios que confirmaron la contaminación ambiental y los riesgos en el agua comenzaron en 2012. Trabajos del CONICET, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Red de Salud compararon poblaciones expuestas a fumigaciones con otras no expuestas, y el resultado fue contundente: las localidades chaqueñas afectadas por los agrotóxicos registraron una incidencia de cáncer significativamente mayor.

Uno de esos estudios, realizado hace más de una década, confirmó que el 30% de las familias entrevistadas en Campo Largo —el municipio donde se encuentra Pampa Oculta— registraba al menos un caso de cáncer en el grupo familiar en los últimos diez años.

Un problema que recorre el país

Lo de Chaco no es un caso aislado. Los reclamos por fumigaciones sin control se multiplican en todo el territorio nacional, sobre todo en zonas de producción de soja.

El antecedente más emblemático es el barrio Ituzaingó Anexo, a las afueras de la ciudad de Córdoba, donde la organización vecinal logró demostrar en tribunales el vínculo entre las aplicaciones de agroquímicos en los campos linderos y la proliferación de leucemia, malformaciones y cáncer. Ese proceso terminó en 2012 con un fallo histórico que sancionó penalmente a un productor agrícola y a un fumigador.

Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en otro símbolo de la resistencia ambiental después de que en 2018 se detectara glifosato y sus metabolitos en el agua de red. La movilización de organizaciones sociales y vecinos derivó en actuaciones judiciales que llevaron a juicio a empresarios del sector agroindustrial por el impacto en la salud de la población.

A ese panorama se suman los relevamientos científicos hechos en zonas rurales de Santa Fe, donde se constataron índices de cáncer sensiblemente superiores al promedio nacional en pueblos expuestos a las pulverizaciones de agrotóxicos.