Chaco: los judiciales vuelven al paro y el Gobierno les descuenta los días de huelga

La pulseada entre el Gobierno de Leandro Zdero y los trabajadores judiciales chaqueños sumó un nuevo capítulo de alta tensión. El Superior Tribunal de Justicia dispuso descuentos de haberes para todos los que adhirieron al paro del 18 de septiembre, mientras la Intergremial Judicial del Chaco convocó a una nueva huelga de 48 horas en rechazo al proyecto de Ley 2141/26, que el Ejecutivo envió a la Legislatura y que modifica el régimen de remuneraciones de la Ley de Porcentualidad 468-A.

El conflicto ya no se limita a la recomposición salarial. Ahora también se discute cómo se define la estructura de pagos del Poder Judicial chaqueño, un terreno donde los gremios ven un avance sobre derechos adquiridos.

Dos días de paro y movilizaciones en toda la provincia

La medida de fuerza arranca el jueves 24 de septiembre. A las 10.30, los trabajadores se retirarán de sus lugares de trabajo y marcharán. La concentración central será en las Torres Civiles de Resistencia, mientras que en el interior las manifestaciones se replicarán frente a las dependencias judiciales de cada circunscripción.

El viernes 25, en tanto, el paro será total: 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en todo el ámbito del Poder Judicial chaqueño.

Los reclamos que van más allá del salario

Además del rechazo al proyecto oficial, los sindicatos piden que se investigue y resuelva el planteo de inconstitucionalidad e inconvencionalidad que presentaron contra el accionar del Tribunal Ad-Hoc y otros funcionarios que participaron en la elaboración de la normativa.

Otro de los puntos centrales es el artículo 9 de la Ley 3424-A, cuya reglamentación y aplicación inmediata exigen los trabajadores. Ese artículo contempla el cálculo y la incorporación gradual de la diferencia salarial entre el cargo testigo de juez de Cámara del Chaco y la media nacional.

La denuncia de Pérez Pons: "¿Por qué mandan esta ley?"

El diputado provincial y exministro de Economía, Santiago Pérez Pons, apuntó directamente contra la iniciativa del Ejecutivo. Sostuvo que el proyecto podría servir para obtener blindaje judicial frente a denuncias contra funcionarios y dirigentes oficialistas.

Pérez Pons cuestionó que Zdero proponga una recomposición para magistrados mientras, según denunció, mantiene restricciones salariales para otros trabajadores estatales. También advirtió que la ley produciría un "desenganche" de los empleados judiciales y de organismos con remuneraciones equiparadas, con el riesgo de nuevos litigios contra la provincia.

En ese marco, el diputado se refirió a la investigación por malversación de fondos en la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que golpea al intendente de la UCR Bruno Cipolini, aliado del gobernador. La causa se centra en operaciones financieras millonarias con recursos de la ciudad.

La Fiscalía de Investigación Penal Nº 4 de Sáenz Peña decidió archivar la denuncia que Pérez Pons había presentado contra Cipolini. Los fiscales consideraron que los hechos denunciados no constituyen delito y cerraron las actuaciones.

"Entonces uno después se pregunta: ¿por qué mandan esta ley?", disparó el diputado al referirse a la decisión fiscal. De acuerdo a lo detallado por Perfil, también acusó a distintos actores de obstaculizar el avance del expediente, cuestionó vínculos entre funcionarios judiciales y el intendente y reiteró que buscará revertir el archivo.

Por último, vinculó su sospecha con una contratación por $34.000 millones para modernizar la ATP. Según su exposición, una consultora había recibido previamente $1.800 millones por un informe y el procedimiento posterior favorecería al mismo grupo. A su vez, afirmó que las denuncias opositoras habían frenado la adjudicación y lanzó: "Entonces necesitan saber que, si adjudican, después alguien los va a proteger".