El Gobierno chaqueño quiere estirar el retiro voluntario hasta 2027, pero hay un requisito de la ley original que dejó a miles de agentes con el trámite trabado. ¿Qué pasará con esos estatales que hoy quedan afuera?
El Gobierno del Chaco dio un nuevo paso para sostener uno de sus mecanismos más sensibles en la administración pública: presentó en la Cámara de Diputados provincial el proyecto que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 el Régimen de Retiro Voluntario Móvil. La idea es que más agentes estatales puedan acceder al beneficio, sobre todo aquellos que todavía no cumplen con los requisitos que fija la normativa vigente.
La presentación estuvo a cargo del secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, quien explicó que la iniciativa responde a una decisión del gobernador Leandro Zdero tomada a partir de los planteos de trabajadores estatales y de representantes gremiales.
La antigüedad de diez años, el nudo del problema
Según detalló el funcionario, uno de los motivos centrales de la prórroga es permitir que más agentes lleguen a la antigüedad mínima de diez años que exige la legislación original. Ese requisito dejó a muchos empleados con el trámite trabado.
“Esta decisión responde a los pedidos e inquietudes de numerosos agentes que todavía no alcanzaban la antigüedad mínima de diez años que establece la ley original. Por eso, el Gobernador tomó la decisión de impulsar esta prórroga y darles una nueva oportunidad de acceder al retiro voluntario”, manifestó Ferro.
Cuántos trámites hay y qué proyección maneja el Ejecutivo
Durante la presentación, el secretario general de la Gobernación hizo un balance de la implementación del régimen y señaló que actualmente se registran entre 1.630 y 1.700 trámites iniciados.
En ese marco, estimó que hacia el 31 de diciembre de 2026 se podría llegar a los 2.000 beneficiarios, aunque aclaró que esa proyección depende de cómo evolucionen las solicitudes y de su correspondiente aprobación.
Ferro destacó que el mecanismo representa una alternativa para los empleados públicos que buscan cerrar su etapa laboral dentro del Estado y encarar otras actividades. Al mismo tiempo, sostuvo que la implementación del régimen impacta en las cuentas provinciales mediante la reducción de la masa salarial, uno de los aspectos que el Ejecutivo considera relevantes para sostener la medida.
Cómo se hace el trámite
El funcionario recordó que el procedimiento es digital y se realiza a través de la plataforma Tu Gobierno Digital (TGD). Con esa herramienta, los trabajadores interesados pueden consultar una preliquidación estimativa del beneficio, calculada según su antigüedad, cargo y categoría dentro de la Administración Pública.
“Buscamos que todos los trámites de la Administración Pública sean lo más rápidos posible. Este régimen también tiene prioridad para que los agentes puedan conocer sus condiciones y avanzar con el procedimiento sin demoras”, explicó.
No obstante, Ferro aclaró que la continuidad del régimen está sujeta a las necesidades del servicio y al funcionamiento de las distintas áreas del Estado provincial. En ese sentido, indicó que la extensión propuesta no convierte al beneficio en un mecanismo permanente, sino que establece un nuevo período de vigencia hasta fines de 2027.
El camino legislativo que falta
Tras la presentación formal, la iniciativa deberá pasar por el análisis de las comisiones legislativas correspondientes antes de llegar al recinto para su eventual aprobación. El Gobierno provincial espera que el tratamiento pueda concretarse antes de que finalice el período ordinario de sesiones.
Ferro expresó su expectativa de lograr el acompañamiento de los distintos bloques políticos y recordó que la sanción de la ley original contó también con votos de legisladores de la oposición.
“Es una medida que favorece al trabajador, porque le brinda una opción más a quien quiere optar por el retiro voluntario y comenzar otra etapa de su vida, dedicándose a otras actividades. Entiendo que no debería haber objeciones técnicas ni jurídicas y esperamos contar con el acompañamiento de la Legislatura”, concluyó.
De aprobarse el proyecto, los trabajadores estatales que reúnan las condiciones exigidas por la normativa podrán solicitar su incorporación al régimen hasta el 31 de diciembre de 2027. Hasta tanto se produzca su sanción, la prórroga continúa siendo una propuesta del Poder Ejecutivo que requiere aprobación legislativa.