Chaco y Corrientes se preparan para la quinta marcha universitaria: el punto de encuentro que ya tiene hora

La comunidad universitaria de Chaco y Corrientes volverá a movilizarse este jueves 15 de octubre en el marco de la quinta Marcha Federal Universitaria, una jornada de protesta que se replicará en todo el país y que en esta región tendrá dos epicentros: Resistencia y la capital correntina.

La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, sumó la adhesión de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en esta parte del país.

Dónde y a qué hora

En Corrientes, la concentración está prevista a las 17.30 en el Museo de Ciencias Naturales, sobre la avenida Costanera al 100. En Resistencia, en tanto, el punto de encuentro será el Campus de la UNNE, en avenida Las Heras 727, también a las 17.30.

Las columnas comenzarán a caminar a las 18 y se dirigirán a las plazas principales de ambas ciudades, las dos llamadas 25 de Mayo. Allí, igual que en las movilizaciones anteriores, se leerá un documento consensuado a nivel nacional.

Una coincidencia en Resistencia

La marcha chaqueña compartirá fecha con una convocatoria previa de la Multisectorial del Chaco, un espacio que reúne a gremios como la CGT Chaco, la CTA y el SITECH Federación, además de organizaciones de trabajadores, la Multisectorial de la Mujer y agrupaciones de derechos humanos.

Representantes de ese espacio leerán un documento propio cuando termine la movilización universitaria.

El reclamo de fondo

El eje de la protesta es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que, según los convocantes, permitiría mantener abiertas las aulas, sostener becas, recomponer salarios docentes y no docentes y resguardar la ciencia argentina.

La discusión arrastra más de dos años. El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades arrancó cuando el presidente Javier Milei decidió prorrogar el presupuesto general de 2023 para 2024, una medida que licuó los fondos universitarios frente a una inflación interanual que superaba el 200%.

Una ley vetada dos veces y un decreto que la condicionó

El primer intento legislativo fue la Ley 27.757, sancionada en 2024 para garantizar el financiamiento de las universidades nacionales. El Poder Ejecutivo la vetó mediante el Decreto 879/2024 y, aunque Diputados intentó insistir, no alcanzó los dos tercios y el veto quedó firme.

Ese revés derivó en la primera gran Marcha Federal Universitaria, el 23 de abril de 2024, con miles de personas en todo el país. La sociedad acompañó: familias enteras levantaron carteles pidiendo universidad pública para sus hijos.

El 2 de octubre de 2024 llegó la segunda movilización masiva. Para entonces, la discusión ya excedía el financiamiento y se había convertido en una defensa del derecho a la educación y de la universidad pública como valor de igualdad y oportunidades.

En agosto de 2025 el Congreso volvió a aprobar una ley, la 27.795, formalmente llamada “Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente”. Mientras Diputados la debatía, el 17 de septiembre de 2025 se realizó la tercera marcha federal.

El Ejecutivo vetó la norma con el Decreto 647/2025, pero esta vez Diputados y el Senado rechazaron el veto y la ley quedó ratificada por el Congreso.

Vino después un capítulo señalado por su gravedad institucional: con el Decreto 759/2025, Milei promulgó la ley pero condicionó su aplicación al incluir la frase «sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629». Esa norma establece que toda ley que disponga gastos debe prever su financiamiento y que, si no lo hace, su ejecución queda suspendida hasta que las partidas se incluyan en el presupuesto. En la práctica, la ley universitaria no podía aplicarse hasta que el Congreso definiera las fuentes de los fondos.

El aval de la Justicia

Frente a ese mecanismo, el CIN presentó una acción de amparo colectivo y obtuvo una medida cautelar favorable del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11. El 23 de diciembre de 2025, el juzgado declaró inaplicable el decreto y ordenó al Estado nacional cumplir con la Ley 27.795. La Cámara confirmó la decisión en marzo de 2026.

La Justicia sostuvo que no resulta admisible que el Ejecutivo suspenda una ley aprobada por el Congreso e insistida constitucionalmente tras un veto presidencial.

El Estado nacional presentó un recurso extraordinario y el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 25 de junio de 2026 desestimó el recurso y dejó firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Con ese escenario —más de dos años de incumplimiento y universidades sin fondos acordes a la realidad económica—, la quinta Marcha Federal Universitaria volverá a sentirse con fuerza en Chaco y Corrientes.