Chacras: el macizo 67 llega a la sesión, pero los productores no tienen la plata

El proyecto que declara de utilidad pública las parcelas 1, 2 y 3 del macizo 67, sección K, en la Margen Sur, consiguió dictamen de mayoría en una reunión conjunta de las comisiones de Economía y de Recursos Naturales que se hizo en Río Grande. La intención oficial es llevarlo al recinto el próximo 28.

La iniciativa es del Ejecutivo provincial y apunta a ordenar una zona donde la falta de títulos complica a familias que producen alimentos y que ya invirtieron sobre terrenos que hoy son privados. A eso se suman ocupaciones que son solo residenciales y superficies que nadie trabaja, dos frentes que también habrá que encauzar para no perder el perfil productivo del sector.

Por qué este macizo quedó afuera de la ley 1.287

La legisladora provincial de FORJA Myriam Martínez explicó el motivo por el cual estas tierras no entraron en la ley 1.287, que ya alcanza a otras chacras del lugar. “Este macizo había quedado fuera, porque tenía cuestiones judiciales y estaba atravesando un proceso judicial muy importante, el cual ya está resuelto y es por eso que el Ejecutivo manda la solicitud de declarar de utilidad pública estas tierras”, señaló.

La aprobación, aclaró, no significa que la entrega de títulos llegue enseguida. Primero hay que atravesar el camino de la expropiación: la Provincia tiene que indemnizar a los actuales dueños y recién después recuperar ese dinero con las adjudicaciones. En las mensuras y los trámites de regularización tendrá participación el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat.

Martínez remarcó que los productores no reciben la tierra de regalo. “Ellos hace muchos años que vienen luchando para poder tener la titularidad, para poder comprar su tierra porque no es que el Estado le va a regalar la tierra, ellos van a pagar por su tierra”, sostuvo.

La plata, el punto que traba todo

El obstáculo más duro es el financiamiento. La legisladora contó que ya pidieron al Ministerio de Economía que incorpore partidas al presupuesto y que los valores que se calcularon hace años necesitan una actualización a través del Tribunal de Tasaciones de la Nación. No dio cifras de cuánto costaría hoy comprar los inmuebles.

En la comisión estuvo el ministro de Producción y Ambiente, Francisco Devita, que puso sobre la mesa una alternativa: gestionar fondos del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) a través de un proyecto productivo. Ese camino sigue sin resolverse.

El cruce que dejó el dictamen

El asunto generó cortocircuitos entre los legisladores. Según Martínez, Damián Löffler, del Movimiento Popular Fueguino, no acompañó el dictamen y se retiró de la reunión porque quería saber cuánto valen las tierras y de dónde saldría el dinero antes de dar el visto bueno. La respuesta de la legisladora fue filosa: “No somos quién para decir de dónde va a sacar el recurso, eso lo va a tener que decir, obviamente, el Ejecutivo provincial”.

Consultada por el artículo 67 de la Constitución provincial, que exige prever los recursos cuando una ley implica o autoriza gastos, Martínez defendió la costumbre de aprobar la norma y salir a buscar el financiamiento después. “Nunca ha venido un proyecto del Ejecutivo mencionando de dónde va a salir ese recurso”, afirmó, y agregó que “es un procedimiento que se genera posterior a la votación de la ley”.

Chacras productivas y lotes para vivir

El ordenamiento tendrá que separar el uso productivo del residencial. Las chacras quedarán con superficies de entre 2.500 y 10.000 metros cuadrados, mientras que quienes viven en el lugar sin desarrollar actividad productiva accederían a lotes de 300 metros cuadrados. Lo que quede libre se reservaría para otros proyectos de producción.

También hay tareas pendientes: actualizar el relevamiento de ocupantes y poner en marcha los cambios previstos para la Comisión de Chacras, con productores y áreas estatales adentro. “Nosotros tenemos un relevamiento que oportunamente se realizó y que seguramente debe estar desactualizado, así que las áreas correspondientes rápidamente van a tener que ponerse a trabajar sobre esto”, indicó Martínez.

La experiencia de los sectores que ya entraron en la ley 1.287 sirve de advertencia: el trámite puede estirarse. La legisladora reconoció que esos productores todavía no tienen los títulos en la mano y reclamó acelerar las tareas administrativas.