Cheques sin fondo para una camioneta: la insólita maniobra que terminó en la Justicia

Una operación que parecía cerrada terminó convertida en una causa por estafa. Bruno Iván Chanampa quedó en el ojo de la tormenta tras pagar una Fiat Toro con cheques que rebotaron y ahora deberá enfrentar el proceso penal.

La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, dio por formulados los cargos contra Chanampa como presunto autor del delito de estafa. Además, le impuso medidas de coerción por cuatro meses y una inhibición general de bienes.

¿Cómo fue la compra de la camioneta?

La fiscal Adjunta de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 4, Antonella Romagnoli, detalló que el hecho se remonta a junio de 2024. La denunciante y su pareja querían vender su camioneta y, por intermedio de una persona de confianza, contactaron a Chanampa como posible comprador.

Acordaron la operación: el imputado entregó cinco millones de pesos en efectivo y siete cheques de pago diferido por unos 16 millones de pesos, que correspondían al saldo. Con las referencias sobre el comprador, los dueños firmaron la documentación y realizaron la transferencia registral del vehículo.

Cheques rechazados y pagos a cuentagotas

El primer cheque llegó a su fecha de cobro en agosto de 2024 y fue rechazado por falta de fondos. Los vendedores intentaron cobrar lo adeudado, pero Chanampa solo abonó fraccionadamente 1,2 millones de pesos de uno de los cheques. El resto jamás se pudo cobrar.

Recién el 8 de julio de 2025 radicaron la denuncia. Durante la investigación, la Fiscalía pidió informes a los bancos y obtuvo datos clave: el Banco Credicoop confirmó el rechazo de uno de los valores y el Banco Central de la República Argentina reveló que el imputado registraba otros cheques rebotados.

Un acuerdo de reparación que se cayó

La fiscal Romagnoli reveló que se intentó una salida alternativa mediante una reparación integral. Se firmó un acuerdo que preveía el pago de diez cuotas consecutivas de dos millones de pesos desde junio de 2026. Pero la propuesta no prosperó y se llegó a la formulación de cargos.

La defensa cuestiona la acusación

El defensor Oficial en lo Penal N° 1, Carlos Salazar, planteó que el caso debería tratarse como un reclamo civil por el cobro de cheques, no como una cuestión penal. Además, señaló que los valores entregados no pertenecían a la cuenta de su asistido, sino que estarían vinculados a su esposa, y pidió determinar con precisión la responsabilidad de Chanampa.

Salazar también cuestionó la inhibición de bienes pedida sobre Grupo Insumax S.A.S., firma mencionada por la Fiscalía. Sostuvo que no se acreditó el vínculo de Chanampa con esa sociedad ni su relación con el hecho.

Qué decidió la jueza

La magistrada consideró que las acciones civiles y penales no se excluyen y que la acusación reunía los requisitos procesales. Así, formalizó la investigación penal preparatoria contra Chanampa.

Como medidas de coerción, dispuso que el imputado firme el libro entre los días 1 y 10 de cada mes durante cuatro meses y le prohibió salir de la provincia por el mismo plazo. También hizo lugar a la inhibición general de bienes para preservar su patrimonio. Sin embargo, rechazó extenderla a Grupo Insumax S.A.S., ya que no está determinado el rol de la sociedad en el hecho.

La Fiscalía adelantó que restan producir más medidas de investigación, como entrevistas, informes bancarios y documentación sobre otros bienes y vehículos.