Choque en la Justicia tucumana: un juez comparó una sanción con el Tercer Reich

Un nuevo capítulo de tensión se escribió en la Corte Suprema de Tucumán. El máximo tribunal aplicó un llamado de atención al camarista Benjamín Moisá tras una denuncia de la abogada Claudia Quillotay, quien aseguró que el magistrado rechazó un escrito por considerar que las firmas ológrafas escaneadas no eran válidas. Aunque la letrada desistió luego de recibir explicaciones, la Corte decidió intervenir.

Según la Acordada 288 del 20 de abril de 2026, la conducta de Moisá afectó derechos fundamentales como el acceso a la justicia y la seguridad jurídica. La Corte sostuvo que el juez mantiene una “posición renuente” a aceptar los lineamientos del tribunal superior y que su actitud constituye un apartamiento arbitrario de la legalidad.

¿Qué pasó con las firmas digitales?

Todo comenzó cuando Moisá exigió firma digital para un escrito, pese a que la normativa local permite firmas ológrafas escaneadas. La Corte consideró que esa exigencia no está prevista en la ley procesal tucumana y que rechazar el documento por ese motivo implicó una “denegación de justicia basada en un rigorismo formal manifiesto”.

En su defensa, Moisá presentó un recurso de reconsideración de 20 páginas donde calificó la sanción como un “avasallamiento” a su independencia judicial. Sostuvo que la ley nacional (artículo 288 del CCCN) exige firma digital para documentos electrónicos y que ninguna acordada provincial puede estar por encima.

La sombra del Tercer Reich

En uno de los pasajes más polémicos, el camarista comparó el sistema de la Corte con el “sistema nacionalista del Tercer Reich”, que acentuaba los poderes del tribunal de revisión. Moisá afirmó que la jurisprudencia no debe ser impuesta por autoridad, sino mediante “adoctrinamiento científico”.

La Corte, por su parte, respondió que su intervención es necesaria para evitar que cada juzgado se convierta en un “compartimento estanco” con reglas propias que confundan a abogados y ciudadanos. Los vocales firmantes fueron Daniel Leiva, Daniel Posse, Eleonora Rodríguez Campos y Antonio Estofán, con la excusación de Claudia Sbdar.

Antecedentes del conflicto

No es la primera vez que Moisá choca con la Corte. En diciembre pasado, presentó una “objeción de conciencia” contra las Oficinas de Gestión Asociada (OGA), tildándolas de inconstitucionales. El juez afirmó que su juramento fue de obediencia a la Constitución, no a la Corte.

Ante la sanción actual, Moisá hizo reserva de llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando un clima de “persecución”. La grieta en la justicia tucumana queda expuesta: por un lado, la búsqueda de uniformidad; por el otro, la reivindicación del disenso.