Chuky Casanova otra vez al banquillo: la cifra que pedirá la Fiscalía si lo condenan
El fiscal Mariano Fernández pidió unificar dos expedientes y llevar a juicio a Javier “Chuky” Casanova por resistencia a la autoridad y delitos con armas de guerra. La pena que reclamará ya tiene número, pero no es una condena: la pelota está en la Justicia.
El fiscal Mariano Fernández quiere sentar a Javier “Chuky” Casanova en un nuevo banco de juicio oral y ya adelantó el número que buscará: siete años de prisión efectiva. La solicitud unifica dos expedientes que se originaron en operativos policiales de 2024 y 2025 y que lo colocan, una vez más, frente a la Justicia.
El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal no es una condena: es una pretensión que ahora deberá analizar el tribunal para decidir si habilita el debate. Si avanza, Casanova volverá a comparecer por cuarta vez en menos de dos meses, después de haber recibido una condena federal y de haber sido absuelto en otros procesos por tenencia y portación de armas.
La acusación que impulsa Fernández reúne dos hechos que, según la Fiscalía, afectaron la seguridad pública y la actuación de las fuerzas policiales. Los delitos que se le imputan son resistencia a la autoridad, portación de arma de guerra y tenencia ilegal de arma de guerra.
El choque de la Amarok en el barrio Oeste II
El primero de los episodios se remonta a abril de 2024, cuando efectivos de la Patrulla Motorizada recorrían preventivamente el barrio Oeste II. Los uniformados vieron una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba a alta velocidad y cuyo conductor, identificado después como Casanova, inició una fuga.
La persecución terminó cuando el sospechoso perdió el control del rodado y chocó contra una columna. Tras el impacto, los policías revisaron la camioneta y encontraron un arma de fuego en su interior. El procedimiento abrió una investigación judicial que permaneció activa y que ahora fue incorporada al pedido de elevación a juicio.
El allanamiento de septiembre de 2025
El segundo hecho ocurrió el 25 de septiembre de 2025, durante un allanamiento en la vivienda de Casanova. La medida había sido ordenada en el marco de una investigación por un tiroteo registrado cuatro días antes en un salón de fiestas de Tafí Viejo, donde los pesquisas buscaban determinar quiénes habían participado de la balacera.
En el registro domiciliario, los policías secuestraron una pistola y una cantidad de cocaína inferior a los 100 gramos. Casanova fue investigado inicialmente por su presunta participación en el ataque armado, pero luego fue sobreseído por ese episodio. Las actuaciones por los elementos encontrados en la casa siguieron su curso.
Con ambos procedimientos sobre la mesa, el fiscal Fernández decidió unificar las investigaciones y reclamar que el acusado sea juzgado por los tres delitos mencionados. Para el funcionario, la reiteración de hechos, las circunstancias en que ocurrieron y los medios presuntamente utilizados justifican una pena de siete años de cumplimiento efectivo.
En su presentación, el fiscal sostuvo que las conductas atribuidas a Casanova afectaron en dos oportunidades la seguridad pública y, en uno de los casos, también la administración pública. Como agravantes, valoró la naturaleza de las acciones, los instrumentos empleados y el hecho de que los episodios hayan ocurrido en distintos momentos y lugares.
Un historial judicial que se complica
La situación procesal de Casanova se volvió especialmente compleja en los últimos meses por una seguidilla de resoluciones judiciales vinculadas con drogas y armas. Su nombre aparece desde hace años en expedientes por tráfico y comercialización de estupefacientes, pero durante 2026 se produjeron algunas de las decisiones más relevantes en su contra.
El 26 de octubre, tras un extenso trámite ante la Justicia Federal, recibió una condena de tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado. Esa sentencia estuvo relacionada con el secuestro de 34 gramos de cocaína durante el allanamiento de septiembre de 2025, el mismo procedimiento que ahora forma parte de la nueva acusación provincial, aunque en esta instancia el foco está puesto en las armas de fuego.
A eso se suma el procesamiento dispuesto por un juez federal de Jujuy en una investigación por el transporte de un cargamento de aproximadamente 50 kilogramos de cocaína. La resolución se basó en su presunta participación en el envío de la droga, pero el expediente sigue abierto y aún no hay sentencia definitiva sobre esa imputación.
También pesan otras dos causas por portación ilegal de armas, originadas en hechos de febrero y abril de 2019. En esos procesos, Casanova había sido acusado junto con Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe, señalado como su histórico adversario en una disputa territorial. Después de unos siete años de trámite, ambos fueron absueltos en un debate oral realizado pocos días después de la primera condena federal contra Casanova.
Así, el acusado atravesó en poco tiempo una sucesión de decisiones de distinto alcance: una condena por estupefacientes, un procesamiento en otra investigación federal y dos absoluciones por armas. La acumulación de las nuevas causas provinciales podría sumar otro juicio a esa serie.
En septiembre, Casanova había estado cerca de obtener el arresto domiciliario, pero la existencia de distintas investigaciones y las novedades en su situación procesal frustraron esa posibilidad.
Ahora la Justicia deberá resolver el requerimiento de Fernández y definir si corresponde habilitar un nuevo debate oral por los episodios del barrio Oeste II y del allanamiento de septiembre de 2025. Si el proceso avanza, el tribunal tendrá que evaluar las pruebas sobre la persecución policial, el choque de la camioneta y el hallazgo de las armas, además de determinar si las conductas atribuidas encuadran en los delitos propuestos por la Fiscalía.
La pena de siete años solicitada por el Ministerio Público Fiscal es, por ahora, una pretensión de la acusación y no una condena. La responsabilidad penal de Casanova en estos dos expedientes quedará sujeta a las pruebas que se produzcan en el eventual juicio y a la decisión del tribunal competente.