Ciento veinte leguas de campo: el día que Añatuya se llenó de voces por la tierra
Un grupo de familias campesinas de cinco departamentos del sur santiagueño se plantó frente al Juzgado de Añatuya. Lo que reclamaron por las tierras que trabajan desde hace tres y hasta cuatro generaciones...
Más de 80 referentes del MOCASE se plantaron frente al Juzgado de Añatuya para reclamar por tierras en disputa y pedir la renuncia de un magistrado. La movilización reunió a representantes de cinco departamentos del sur santiagueño y volvió a poner sobre la mesa un conflicto que lleva generaciones sin resolverse.
La concentración se realizó este viernes en la ciudad de Añatuya, cabecera del departamento General Taboada. Según los datos que difundió la propia organización, la convocatoria superó las 80 personas y reunió a referentes de los departamentos General Taboada, Avellaneda, Aguirre, Mitre y Juan Felipe Ibarra.
El reclamo apuntó contra distintas actuaciones judiciales vinculadas a conflictos por la tenencia de la tierra. Los manifestantes cuestionaron esas decisiones y exigieron la renuncia del magistrado a cargo del juzgado, en el marco de un creciente pedido por los derechos de las comunidades campesinas.
Comunidades que llevan generaciones en el mismo lugar
A través de un comunicado, el MOCASE señaló que hay comunidades campesinas e indígenas que llevan tres y hasta cuatro generaciones desarrollando actividades productivas en tierras cuya posesión hoy es objeto de controversia.
Entre los lugares que mencionó la organización aparecen Lote 48, Lote 38, Símbol Bajo, La Fermina, Campo Tañacañitas, los kilómetros 11 y 13, La Simona, Lote 42, El Chañaral y Las Abras, además de otras comunidades del interior provincial.
Para los manifestantes, estas situaciones generan incertidumbre sobre la continuidad de las actividades rurales y sobre el arraigo de familias que dependen de la producción campesina para subsistir.
Tierra, producción y derechos: el eje del reclamo
Uno de los puntos centrales de la protesta fue el pedido de garantías para las familias campesinas e indígenas que atraviesan conflictos territoriales. Desde el movimiento cuestionaron determinadas intervenciones judiciales y reclamaron que las disputas por la tierra se aborden respetando los derechos constitucionales, las circunstancias de cada comunidad y los mecanismos legales correspondientes.
La organización también expresó su rechazo a los desalojos que considera injustificados y denunció situaciones de violencia y hostigamiento contra integrantes de comunidades rurales. Se trata de señalamientos realizados por el propio movimiento, que requieren ser evaluados y corroborados en cada caso.
La tierra, plantearon, no es solo un recurso económico para estas familias: es también el lugar donde construyeron su historia, desarrollaron su producción y sostienen sus vínculos comunitarios.
Por qué Añatuya volvió a ser el epicentro
La movilización cobra relevancia por la cantidad de referentes llegados desde distintos puntos del sur provincial, una región donde la agricultura familiar, la ganadería de pequeña escala y las actividades rurales forman parte de la economía cotidiana.
La convocatoria también muestra la capacidad de organización territorial del MOCASE, que desde hace décadas mantiene una presencia activa en los debates sobre la tierra, la producción y los derechos campesinos.
Desde la organización indicaron que las acciones de protesta forman parte de una estrategia orientada al diálogo, la resolución de conflictos y la búsqueda de paz social. En ese marco, insistieron en que la defensa de sus derechos debe canalizarse por vías institucionales que permitan encontrar soluciones duraderas.
Un reclamo que excede la jornada de protesta
La concentración frente al Juzgado dejó planteado un reclamo que va más allá del viernes y vuelve a instalar la necesidad de abordar los conflictos territoriales que persisten en distintas zonas de Santiago del Estero.
La situación, según quedó expuesto, requiere respuestas que contemplen tanto las garantías judiciales de todas las partes como los derechos de las familias involucradas, para evitar que las disputas se profundicen y generen nuevos escenarios de tensión.
Con representantes de cinco departamentos y una convocatoria que, según el MOCASE, superó las 80 personas, la movilización dejó un mensaje claro: las comunidades campesinas quieren que sus reclamos sean escuchados y que la problemática de la tierra ocupe un lugar prioritario en la agenda institucional.
La protesta volvió a colocar a Añatuya en el centro de una discusión de fuerte impacto social para el interior santiagueño, donde la defensa de la tierra, el trabajo y el arraigo rural sigue movilizando a numerosas comunidades.
