El Gobierno nacional avanza con el cierre de registros automotores en todo el país y en La Rioja los gremios ya advierten por los puestos de trabajo. La digitalización que impulsa el Ministerio de Justicia pone en jaque la atención en las provincias y los trabajadores exigen respuestas: qué pasará con las oficinas que resisten.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, oficializó una nueva etapa de ajuste y reestructuración en el sistema registral automotor que incluye la supresión y el cierre operativo de decenas de oficinas en todo el país. La medida se apoya en un plan de digitalización y centralización bajo la órbita de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y contempla plazos ajustados para la reasignación de dominios.
La decisión encendió las alarmas en el sector gremial, que advierte sobre el impacto en el empleo y en la atención al público.
La Rioja, en estado de alerta
Para la provincia, la avanzada oficial representa un escenario de extrema vulnerabilidad laboral y operativa. Las organizaciones sindicales, encabezadas por el Sindicato de Trabajadores de los Registros del Automotor, Motovehículos y Afines (SATRAMM), sostienen que el recorte no solo busca achicar la estructura estatal y digitalizar trámites, sino que pone en vilo la estabilidad laboral de miles de familias en las provincias.
En La Rioja, al igual que en el resto del interior del país, la reducción de seccionales profundiza la centralización y amenaza con dejar sin empleo a trabajadores con años de trayectoria en el sector.
Oficinas que resisten y costos que ahogan
El impacto recae por igual en los empleados y en la sostenibilidad de las oficinas que continúan funcionando, las cuales deben afrontar el 100% de sus costos operativos en un contexto de caída generalizada de la actividad económica y recesión.
Desde La Rioja, los gremios y sectores afectados reclaman canales de diálogo urgentes con las autoridades nacionales y exigen explicaciones claras sobre el alcance del nuevo esquema digital. Advierten que la transición improvisada perjudicará tanto a los trabajadores provinciales como a los ciudadanos que necesiten realizar trámites cotidianos.
