La obra social de las Fuerzas Armadas tenía fecha de cierre y una estructura que parecía sostenerse hasta el final. En Tucumán, el centro médico y las oficinas entran en la lista: qué pasa con los 40 empleos y con la atención de los afiliados.
El Gobierno nacional avanzó con la disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La decisión quedó formalizada en el Decreto 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial, y entre las sedes que se verán afectadas aparecen el centro médico y las oficinas de Tucumán.
La medida no es un detalle administrativo: en la provincia pone en jaque cerca de 40 puestos de trabajo y, a nivel nacional, deja a más de 500.000 afiliados con la incertidumbre de qué pasará con su cobertura médica.
Qué alcanza el cierre en Tucumán
El plan incluye el cierre de delegaciones, farmacias, centros de auditoría y centros médicos distribuidos en distintas provincias. En el caso tucumano, las sedes señaladas son el centro médico y las oficinas de la obra social.
El cese de actividades tendría como fecha límite el 30 de noviembre de 2026. A partir de ese momento, los empleados de la provincia quedarían sin trabajo.
Despidos y la reestructuración que viene
El proceso de liquidación quedó a cargo de un administrador designado por el Ministerio de Defensa. Las funciones y la reestructuración operativa pasarían a la órbita de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA).
El plan también contempla despidos y la no renovación de contratos de más de mil trabajadores en todo el país, incluidos empleados con décadas de antigüedad en el organismo.
Asambleas, sentadas y el reclamo que no baja
Frente a ese escenario, representantes de ATE, trabajadores y afiliados llevan adelante asambleas, sentadas y movilizaciones para rechazar los cierres y reclamar la reincorporación del personal.
Las protestas también ponen el foco en la continuidad de las prestaciones médicas y en la entrega de medicamentos. Según los datos difundidos, el cambio alcanzaría a más de 500.000 afiliados en todo el país.
Los reclamos apuntan a obtener garantías sobre la atención durante el proceso de liquidación y la reorganización de los servicios, dos puntos que siguen sin respuesta clara para quienes dependen de la obra social.
