Cinco entidades yerbateras le declaran la guerra al INYM: "No permitamos el desmantelamiento desde adentro"

La reunión del Directorio del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que se realizará este miércoles tendrá un condimento inesperado: cinco organizaciones de productores formalizaron su rechazo al proyecto de Reordenamiento Normativo que impulsa la Nación, al considerar que los cambios podrían vaciar de contenido las funciones del organismo y reducir su capacidad de control sobre la cadena yerbatera.

El planteo quedó plasmado en un documento titulado "No permitamos el desmantelamiento del Inym desde adentro", que lleva las firmas de Hugo Sand (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones), Jorge Skripczuk (Asociación Civil Impulso Yerbatero), Antonio Franza (Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay), Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte) y Salvador María Torres (MAM).

La discusión tiene un antecedente directo: la reunión extraordinaria del 15 de septiembre con funcionarios nacionales, donde el INYM informó que se trabaja en un posible convenio con SENASA para articular tareas de ejecución, fiscalización, registro, inspección y control de la materia prima, además de cambios en trazabilidad y estampillado.

El punto que más preocupa: la información

Según el análisis de las entidades, el proyecto elimina normas y herramientas que el Instituto desarrolló durante años y modifica la forma en que obtiene los datos de la actividad. Entre las regulaciones alcanzadas mencionan el Registro de Yerbales, registros de plantas y depósitos, viveros, cosecha mecanizada, movimientos de materia prima, calidad de hoja verde y yerba canchada, inspecciones, muestreos y herramientas del Laboratorio Oficial.

El foco está puesto en que el DTV-e de SENASA pase a ser una fuente principal de datos para funciones esenciales del INYM. Las asociaciones diferencian compartir información entre organismos de depender de datos producidos y validados fuera del Instituto. La Ley 25.564 le asignó al INYM tareas de estadísticas, censos y relevamientos sobre producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo, además de la organización de registros.

Para los productores, si la información primaria se genera fuera del organismo, los sectores que integran su Directorio perderían capacidad para obtener, verificar y contrastar directamente los datos que se usan para tomar decisiones.

El artículo 8 y las facultades de la Presidencia

Otro cuestionamiento apunta al artículo 8 del proyecto, que facultaría al presidente del INYM a gestionar y aprobar instrumentos necesarios para implementar el reordenamiento, comunicándolos al Directorio después de su firma. Entre esos instrumentos estaría el convenio con SENASA que definirá aspectos operativos del acceso a la información. También se contempla que la Presidencia determine luego la finalización del régimen transitorio de declaraciones juradas.

Las entidades sostienen que esto concentra la capacidad de decisión en la Presidencia mientras se reducen las herramientas propias del Instituto.

Los productores consultados agregaron otro interrogante: qué efecto podría tener a futuro una reducción de las tareas de fiscalización sobre el sistema de estampillas y la Tasa de Inspección y Fiscalización. El proyecto analizado no establece su eliminación, por lo que se trata de una preocupación del sector y no de una decisión incluida en la iniciativa.

El miércoles, cara a cara en el Directorio

La reunión de este miércoles tendrá como protagonistas a los representantes que integran el Directorio del Instituto. Las organizaciones reclamaron que los directores de la producción, las provincias y los demás sectores analicen si las herramientas que se propone eliminar resultan necesarias para cumplir las funciones que la legislación todavía mantiene en cabeza del INYM.

El documento plantea incluso que una eventual aprobación podría derivar en una nueva discusión judicial acerca de los límites que tiene el propio Directorio para desprenderse de esas capacidades.

Desde el INYM, en cambio, el proceso fue presentado oficialmente como una estrategia de modernización institucional, orientada a digitalizar expedientes, avanzar en trazabilidad, modificar mecanismos de certificación de la tasa y ordenar el cuerpo normativo.

La diferencia entre ambas posiciones llegará este miércoles al Directorio. Allí se discutirá no solo una serie de normas administrativas, sino qué información seguirá generando el INYM, qué controles conservará y qué decisiones permanecerán bajo la órbita de su Directorio.