Cinco países de Europa ya eligieron dónde mandar a los migrantes que expulsan
Cinco países europeos anunciaron dónde piensan mandar a los migrantes que expulsan y la decisión ya desató una ola de rechazos: organismos de derechos humanos advierten por el trato que recibirían y hasta un presidente los cruzó.
Alemania, Dinamarca, Grecia, Austria y Países Bajos anunciaron un plan conjunto para abrir en Ruanda el primer centro destinado a migrantes expulsados del continente europeo. La presentación se hizo este lunes en una conferencia de prensa en Viena y despertó el rechazo inmediato de organismos de derechos humanos.
Los cinco países comparten una línea dura en materia migratoria y llevan meses trabajando en la idea de derivar fuera de Europa a las personas a las que se les rechazó el pedido de asilo. Ruanda fue el territorio elegido para el proyecto piloto, cuya inauguración está prevista para 2027.
Quiénes serán enviados y quiénes quedan afuera
El centro recibirá a un centenar de migrantes, hombres y mujeres, cuyas solicitudes de asilo hayan sido denegadas y que hayan agotado todas las instancias de recurso en alguno de los cinco países europeos. Los menores no forman parte del dispositivo.
El canciller austriaco, Christian Stocker, lo explicó tras la reunión de ministros en Viena: “Si el retorno a su país de origen no es posible, en el futuro las personas sin derecho de residencia serán enviadas a un tercer país, como Ruanda”.
Y agregó: “Me complace que hoy hayamos logrado un cambio de paradigma verdaderamente histórico en la política migratoria”.
Mientras los funcionarios hablaban adentro, cerca de un centenar de manifestantes se concentró en las afueras del encuentro con pancartas que decían “¡Alto al acuerdo entre la UE y Ruanda!”.
El respaldo de la Comisión Europea y la doble lógica del plan
La iniciativa se gestó junto a la Comisión Europea hace un año y medio con el objetivo de multiplicar las expulsiones de migrantes del territorio europeo. Su portavoz, Markus Lammert, celebró los planes y afirmó que la UE venía “siguiendo de cerca los trabajos preparatorios de los cinco Estados miembros para este tipo de centro de retorno”.
El razonamiento oficial tiene dos patas: además de sacar a quienes se les negó el asilo, buscan disuadir a otros migrantes de intentar instalarse en el continente.
Las críticas: Macron, las ONG y el historial de Ruanda
Los llamados “centros de retorno” son cuestionados por la izquierda y por organizaciones no gubernamentales, que temen por el trato que puedan recibir las personas alojadas allí.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ya los había criticado con dureza al considerar que no son “ni eficaces” ni coherentes con los valores de la UE.
La elección de Ruanda suma otro foco de preocupación. Human Rights Watch apuntó al historial del país en materia de represión y detenciones arbitrarias y planteó una serie de interrogantes: “¿Qué trato recibirán los migrantes allí? ¿Qué obtendrá Ruanda a cambio de este acuerdo? ¿Seguirá adelante el proyecto a pesar de las amenazas de acciones legales?”.
Un arranque a pequeña escala
Para despejar algunas dudas, los cinco países europeos prevén lanzar el centro con una escala mínima, según explicó una fuente diplomática. La idea es enviar primero a una veintena de personas con asilo denegado por cada país involucrado, probablemente hombres adultos interceptados en la frontera. Las autoridades nacionales de cada uno de los cinco Estados se encargarán de trasladarlas a Ruanda.
Fuentes cercanas a las negociaciones indicaron que los establecimientos no serán centros de detención cerrados. Ruanda prefiere llamarlos “centros de acogida” y podría ofrecer formación profesional en su interior. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) podría brindar apoyo sobre el terreno.
“En el marco de esta asociación, Ruanda ofrecerá una segunda oportunidad a las personas que ya no tienen derecho a permanecer en los países socios”, aseguró en la misma conferencia de prensa el ministro del Interior ruandés, Vincent Biruta.
Si el proyecto piloto funciona, los cinco países de la UE no descartan extenderlo a otras naciones, entre ellas Uganda y Uzbekistán.