Cinco países de Europa ya tienen país africano y fecha para mandar a los migrantes que rechacen
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Cinco países de Europa ya tienen país africano y fecha para mandar a los migrantes que rechacen

La jugada parecía trabada por el costo político y las advertencias legales, pero cinco gobiernos europeos ya tienen fecha de arranque y un destino africano para los migrantes que rechacen: así funcionará la prueba que quieren poner en marcha.

Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca y Holanda presentarán este lunes en Viena un acuerdo con Ruanda para instalar los primeros centros de retorno de migrantes expulsados de la Unión Europea. El objetivo es acelerar las deportaciones y desalentar la inmigración irregular, pero el plan ya cosechó fuertes cuestionamientos de organismos de derechos humanos.

Según fuentes diplomáticas y personas al tanto de las negociaciones, el mecanismo contempla trasladar a territorio africano a personas cuyas solicitudes de asilo fueron rechazadas y que ya agotaron todas las instancias legales para quedarse en el bloque.

Los cinco gobiernos, todos impulsores de una política migratoria dura, vienen trabajando en la iniciativa desde hace meses. Forma parte de una estrategia más amplia de la UE para aumentar las expulsiones de quienes no tienen derecho a permanecer en el continente y llega después de la sanción del nuevo Reglamento de Retornos, que habilita a los Estados miembros a montar centros fuera de su territorio.

Un ensayo con pocos casos y muchas dudas

El arranque está previsto para 2027 y será a pequeña escala, como prueba piloto: cada país enviaría en una primera etapa a unas 20 personas, probablemente hombres adultos interceptados en las fronteras y con pedidos de asilo definitivamente denegados.

La idea es testear cómo funciona el engranaje y anticipar los problemas logísticos y jurídicos, desde el traslado hasta la atención de eventuales cuadros de salud. Las instalaciones no serían centros de detención cerrados: Ruanda prefiere llamarlas “centros de acogida”, podría sumar programas de formación profesional y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindaría asistencia en el terreno.

El contexto empuja: con elecciones a la vista en varios países europeos y un sentimiento antinmigratorio en alza, los gobiernos necesitan mostrar que controlan los flujos. Para los promotores, los centros cumplen una doble función: sacar a los rechazados y disuadir a otros de emprender el viaje. La iniciativa se desarrolló en coordinación con la Comisión Europea durante aproximadamente un año y medio, con diplomáticos, ministros y funcionarios reunidos a puertas cerradas y el nombre del país receptor bajo reserva hasta ahora.

Las voces en contra

Las organizaciones humanitarias ponen el grito en el cielo por las condiciones de recepción y por la responsabilidad de los Estados europeos ante posibles violaciones de derechos.

“¿De qué recursos disponen las personas si se violan sus derechos y quién es responsable?”, preguntó Céline Mias, directora para la UE del Consejo Danés para los Refugiados. La entidad también advirtió sobre las dificultades prácticas para garantizar que los migrantes accedan a mecanismos de protección y puedan reclamar frente a abusos.

En julio, el Consejo de Europa había alertado que los centros de retorno implicaban “riesgos considerables para los derechos humanos”. El presidente francés, Emmanuel Macron, también los había cuestionado: a su juicio no son eficaces ni compatibles con los valores del bloque.

La elección de Ruanda agrega otro frente de polémica. Su presidente, Paul Kagame, tiene reconocimiento internacional por la reconstrucción tras el genocidio de 1994 y por convertir al país en destino de inversiones, pero su gobierno es acusado de reprimir la disidencia, restringir las libertades políticas y aplicar detenciones arbitrarias. Freedom House lo clasifica como “no libre” y denuncia vigilancia, intimidación y tortura.

El antecedente británico y la apuesta de Trump

Ruanda ya había aceptado recibir deportados de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump, en un programa que preveía trasladar hasta 250 personas. También fue el destino del controvertido plan británico del anterior gobierno conservador, abandonado después de que el Tribunal Supremo del Reino Unido lo declarara ilegal en 2023.

El actual primer ministro británico, Andy Burnham, dijo el jueves que sigue “con interés” la movida europea. En septiembre, dos eurodiputados visitaron en Kigali las instalaciones preparadas para el proyecto británico, que podrían reutilizarse para recibir a migrantes derivados desde países de la UE.

Los defensores sostienen que la amenaza de terminar en un tercer país podría frenar a quienes pagan miles de euros a traficantes para llegar a Europa. Los críticos responden que no hay evidencia de que endurecer controles y deportaciones reduzca la migración en el largo plazo.

“Las medidas de control cambian la forma en que las personas viajan, no si viajan o no. Algunas se detienen o cambian de ruta, y los traficantes se adaptan y suben sus precios”, señaló Roberto Forin, del Mixed Migration Centre, un instituto que investiga rutas migratorias.

Si la prueba inicial sale bien, los cinco gobiernos no descartan ampliar el mecanismo a otros países receptores. En la lista suenan Uganda y Uzbekistán.

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