Cinco penitenciarios al borde del juicio: la autopsia que desmoronó la versión oficial

La muerte de Gustavo Garay en el Penal de Gorriti, ocurrida el 17 de junio de 2022, vuelve a sacudir a la provincia. Las pericias científicas confirmaron que no fue una broncoaspiración como se dijo: el hallazgo de agua en sus vías respiratorias reconfiguró la causa y ahora cinco efectivos penitenciarios se encaminan al banquillo.

Tras la audiencia de control de acusación, la investigación penal preparatoria llegó a su fin. La causa quedó a un paso de la fijación de fecha para el juicio oral, con los cinco agentes del Servicio Penitenciario imputados como coautores de homicidio calificado y tortura seguida de muerte.

¿Qué reveló la autopsia?

El abogado querellante Sebastián Espada, representante de la familia Garay, detalló a Jujuy al Momento que la versión oficial sostenía que el hombre se había ahogado con comida o coqueando. Sin embargo, la autopsia determinó que no había restos de comida, sino agua dentro de las vías respiratorias. El estudio anatomopatológico ratificó que la muerte no estuvo relacionada con una enfermedad ni una adicción, sino que guarda vinculación directa con el hecho que se acusa.

El oscuro trasfondo del caso

Espada recordó que un mes antes de su muerte, Garay estaba detenido en la Seccional N° 4 de Cuyaya y presentó un hábeas corpus por malos tratos del personal policial. La Justicia hizo lugar al pedido y ordenó que su integridad fuera resguardada en el Penal de Alto Comedero. Pero esa disposición fue violada: "A los pocos días aparece trasladado a Gorriti y el 17 de junio aparece sin vida", remarcó el letrado.

Garay estaba privado de la libertad por una causa menor de tentativa de hurto. Su traslado irregular a la unidad de Gorriti, en contra de lo ordenado, marcó el inicio de un desenlace fatal que la Justicia ahora investiga en profundidad.

La imputación y los riesgos procesales

La Fiscalía sostiene que los cinco efectivos actuaron como coautores del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por su calidad de funcionarios públicos, en concurso ideal con tortura seguida de muerte. Un dato que genera inquietud en la querella es que los imputados llegarán al debate en libertad, ya que en 2023 se les dictó la falta de mérito mientras se esperaban las pericias médicas.

El abogado advirtió que no dudarán en pedir medidas cautelares si detectan interferencias con los testigos. "Hay personas privadas de su libertad que vieron cómo a Garay lo retiran de su celda, se lo llevan a otro lugar y se escuchan gritos y ruido de agua", explicó Espada, dejando entrever la gravedad de los hechos que aún esperan justicia.

Con la etapa preparatoria concluida, solo resta el sorteo del tribunal que juzgará a los cinco miembros de la fuerza. Un juicio que se anticipa clave para los derechos humanos en la provincia.