La comisión que preside Rodríguez Machado ya tiene sobre la mesa cinco proyectos, pero la media sanción del Senado quedó en pausa. El texto que salga de la mesa de trabajo tiene fecha límite: si no se trata antes del 27 de febrero, pierde estado parlamentario. Qué se discute sobre alcoholemia y velocidad.
La Comisión de Asuntos Penales de Diputados conformó una mesa de trabajo para unificar cinco iniciativas que buscan endurecer las penas para quienes provocan siniestros viales con consecuencias fatales. El texto común debe tratarse antes del 27 de febrero o la propuesta pierde estado parlamentario.
El proyecto volvió a moverse después de varios meses sin avances durante este año. La comisión que preside la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado resolvió integrar el texto que llegó desde el Senado con otros cuatro proyectos presentados por diputados.
El antecedente que quedó frenado
Alejandra Nievas, integrante de Familias del Dolor y la Esperanza y representante de San Juan en la comisión federal de la Fundación Estrellas Amarillas, explicó en Radio Mil20 que la reunión permitió destrabar una situación que preocupaba a las organizaciones de familiares de víctimas de todo el país.
Según indicó, el proyecto original ya había obtenido media sanción por unanimidad en el Senado durante el año pasado, pero aún faltaba el tratamiento en Diputados. Las entidades impulsaron el debate con gestiones ante el Ministerio de Justicia y reuniones con legisladores.
Los puntos que generan diferencias
Entre los ejes en discusión aparece el límite de alcoholemia. La media sanción del Senado plantea que cualquier cantidad de alcohol en sangre sea considerada un agravante, mientras que en la reunión se evaluó fijarlo en 0,5 gramos, en línea con el umbral permitido en San Juan, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Otro punto es el exceso de velocidad. El proyecto del Senado establece como agravante circular a 30 kilómetros por hora por encima del máximo permitido; por ejemplo, en una zona de 60 kilómetros por hora, la condición se aplicaría desde los 90. Una de las iniciativas alternativas reduce esa diferencia a 20 kilómetros por hora, mientras que las organizaciones sostienen el criterio del 30% por encima de la velocidad autorizada.
También se busca revisar la redacción referida al consumo de estupefacientes, porque la expresión «bajo los efectos de» puede generar dificultades probatorias, según explicó Nievas.
El impacto en las familias y el dato de San Juan
La referente sostuvo que la demora en el tratamiento afecta a las familias que impulsan el cambio normativo y afirmó que el Código Penal requiere una actualización. En esa línea, señaló que las condenas de cumplimiento efectivo pueden tener un efecto educativo y preventivo.
Nievas también aportó un dato del observatorio vial de la asociación: San Juan registraba 80 fallecidos en siniestros viales en lo que va del año.
El objetivo inmediato es que la mesa de trabajo acuerde un texto común y que la Cámara de Diputados pueda avanzar antes del vencimiento parlamentario de fines de febrero. La intención es que la iniciativa unificada pueda ser tratada en sesiones extraordinarias o en marzo y, luego, vuelva al Senado para completar el trámite legislativo.