Citaciones a padres por amenazas escolares: el detalle que podría costarles caro
El MPF citó a padres de menores acusados de amenazas escolares en Tucumán. Podrían ser demandados para cubrir los gastos de los operativos de seguridad y la paralización de clases.
La ola de amenazas que afectó a colegios públicos y privados de la provincia derivó en una nueva estrategia judicial. El Ministerio Público Fiscal comenzó a citar a los padres de los menores señalados como autores, pero con una advertencia que va más allá de lo penal: podrían tener que pagar los gastos generados por los operativos de seguridad y la interrupción de clases.
Las entrevistas estuvieron a cargo de la Unidad Especializada de Delitos Complejos, liderada por la fiscal Mariana Rivadeneira. Durante los encuentros, realizados este viernes, se detalló a los padres el impacto real de las acciones de sus hijos. No fueron simples bromas: las pintadas obligaron a evacuar establecimientos, movilizar a Criminalística y Delitos Telemáticos, e involucrar a jueces y funcionarios del Ministerio de Educación.
¿Por qué podrían demandar a los padres?
Desde la fiscalía fueron claros: aunque la edad de los menores podría impedir una condena penal, la responsabilidad civil sigue vigente. “La autoridad puede instar, en cada caso concreto, acciones tendientes a compensar la erogación de gastos que produjo el supuesto ilícito y los hechos investigados”, indicaron fuentes judiciales. Esto significa que las familias podrían ser demandadas para devolver el dinero que el Estado destinó al despliegue de patrulleros, personal especializado y el tiempo lectivo perdido.
El Ministerio Público Fiscal busca sentar un precedente para frenar la escalada de amenazas que generó incertidumbre en la comunidad educativa. Los operativos detallados incluyeron presencia policial en las puertas de los colegios y un complejo rastreo tecnológico por parte de divisiones especializadas para identificar el origen de los mensajes y las pintadas.
La situación había escalado en las últimas semanas, lo que obligó a una coordinación inmediata entre directores de escuelas, equipos de contención y prevención, y el propio Poder Judicial. Ahora, la justicia avanza con medidas que apuntan directamente al bolsillo de los responsables.
