Citados en Diputados, entraron todos juntos y la reunión terminó sin nadie sentado

El subsecretario de Niñez y Adolescencia, Juan Pablo Bonino, encabezó este martes la delegación que se presentó en la Cámara de Diputados de La Pampa para responder por el procedimiento de adopción que derivó en la conformación de una comisión investigadora. La jornada terminó sin encuentro: primero la comisión se negó a recibir a los funcionarios a las 9, cuando estaban citados los empleados del área, y al mediodía el equipo se retiró porque pretendían hacerlos declarar de a uno.

Quiénes podían ser interpelados

El conflicto tiene una base institucional. Según el artículo 68 de la Constitución provincial, la comisión puede interpelar a ministros del Poder Ejecutivo y pedir informes escritos al resto de los funcionarios, pero no a empleados de rango menor. Aun así, desde la comisión buscaron interpelar a trabajadores del área.

Bonino llegó a las 9 junto al equipo, horario en el que estaban convocados los empleados. Pese a no tener facultades para interpelar a funcionarios por debajo de ministro, los responsables del área se acercaron a dialogar con las legisladoras.

"Venimos a dialogar con las legisladoras de la comisión temas vinculados al informe escrito que presentamos hace algunos días. Fue un trabajo completo y detallado sobre el procedimiento de adopción que rige en La Pampa, en el marco de las leyes que lo regulan, tanto para el caso en particular, como para todos", sostuvo el subsecretario.

Y agregó: "Nuestras acciones en el área tienen como principal objetivo garantizar los derechos de nuestras infancias y adolescencias, en el marco de las leyes vigentes. Ese es el punto de partida para desarrollar políticas de Estado, y de ahí no nos movemos".

La responsabilidad de responder

Bonino planteó que son los funcionarios ministeriales quienes deben hacerse cargo de las preguntas de las diputadas. "Los equipos técnicos actúan bajo relación de dependencia y cumplen las directivas de sus superiores. Además, las y los trabajadores están alcanzados por el secreto propio de sus disciplinas y por el deber de confidencialidad que imponen las leyes. Parte de esas intervenciones está sujeta a control judicial, quedando fuera del ámbito de la comisión", explicó.

El subsecretario detalló que, aunque los equipos técnicos también habían sido convocados, decidieron concurrir los responsables políticos, técnicos y jerárquicos del área. Argumentó que los empleados tienen un régimen disciplinario propio y que sus intervenciones constan en expedientes judiciales, por lo que consideró que debían ser los funcionarios quienes respondieran ante las legisladoras.

"Más allá de todos estos detalles, estamos conformes y apoyamos el trabajo realizado por nuestros equipos. Fue profesional, responsable y eficiente, en un marco de absoluta transparencia", afirmó.

Las formas del procedimiento

Consultado por los cuestionamientos de la familia de contención sobre cómo se llevó adelante el procedimiento, Bonino aseguró que el organismo intentó acordar una entrega adecuada, pero que la otra parte no cumplió lo pactado y eso obligó a tomar otras decisiones. Aclaró que hubo asistencia policial, aunque negó el uso de la fuerza pública.

"La intervención de los equipos profesionales de la Policía y del equipo EDAI, especializado en el abordaje de crisis, permitió concretar el procedimiento 'sin un grito, sin un golpe', y sin poner en grave riesgo la integridad psicofísica del niño", según sus palabras.

Adoptabilidad y plazos

Bonino también se refirió al tiempo entre la medida excepcional y la declaración de adoptabilidad. Indicó que en este caso pasaron cuatro meses entre ambas instancias, y usó ese plazo para defender la actuación del organismo frente a situaciones en las que un niño permanece durante años con una familia de contención. Sostuvo que la familia conocía el carácter temporario de su tarea y la situación jurídica del bebé.

Sobre la posibilidad de que una familia de contención adopte al niño que tiene a su cuidado, fue tajante: ambos programas son incompatibles. "El Código Civil establece la inscripción en el registro correspondiente como requisito para adoptar y prohíbe las entregas directas. Habilitar ese cambio de condición implicaría apartarse de las reglas que rigen el sistema de adopción", dijo.

Y cerró: "Nuestra órbita de trabajo gira en base al derecho superior de las y los niños, esto no está sujeto a opiniones, sino que hay leyes que indican el cómo, y así lo hemos hecho. Las necesidades afectivas, económicas, sociales o políticas de los adultos se deben debatir en otro terreno. El nuestro es reconocer a las niñas y niños como sujetos de derechos y cumplir con nuestras obligaciones como Estado actuante".

Segundo intento, mismo final

Tras el desencuentro de la mañana, hubo un nuevo episodio al mediodía, cuando estaba convocado el equipo de funcionarios. La comisión pretendió que entraran de a uno a ser interpelados y se negó a recibirlos en conjunto. El equipo entendió que el trabajo era grupal, intentó ingresar junto y, al no permitírselo, se retiró. La reunión tampoco se concretó.