Citatorias, bienes bloqueados y una empresa que nació 82 días antes del contrato
Los metalúrgicos manejan cifras millonarias y ahora la Justicia quiere saber quién se quedó con qué. Hay contratos de diez años, una empresa con 82 días de vida y una caja de seguridad con casi un millón de dólares que nadie explica del todo.
La Justicia federal avanzó sobre la cúpula de la Unión Obrera Metalúrgica: Abel Furlán y otras cinco personas deberán declarar como imputados por presuntas irregularidades en el manejo de fondos del sindicato y de su obra social. La medida la firmó el 6 de noviembre el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12.
El expediente pone la lupa sobre los vínculos con una firma privada, USEM S.A., que según la hipótesis judicial habría obtenido un beneficio económico indebido a partir de esos acuerdos.
Quiénes están citados
Además del secretario general, la convocatoria alcanza a Naldo Raúl Adalberto Brunelli (secretario adjunto), Osvaldo Esteban Lobato (secretario administrativo) y José Luis Ortiz (tesorero). A ellos se suman Adalberto Raúl Braconi, presidente de USEM S.A., y María Soledad Calle, accionista de la sociedad y empleada del gremio.
En paralelo, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes de los seis imputados y también de la propia UOM. A eso agregó el bloqueo de las cajas de seguridad que pudieran tener registradas a su nombre en entidades financieras. Son medidas cautelares: buscan resguardar los patrimonios mientras la causa sigue su curso.
Los dos contratos bajo la lupa
El eje de la investigación son dos acuerdos firmados el 27 de febrero de 2023 entre la UOM y OSUOMRA, por un lado, y USEM S.A., por el otro. Por esos contratos, la empresa quedó a cargo de la administración operativa de fondos y de los circuitos de pago de ambas entidades.
Según la resolución, USEM debía gestionar cuentas bancarias, hacer pagos por cuenta y orden de las organizaciones, analizar y auditar obligaciones, validar desembolsos y rendir cuentas de lo actuado.
El juzgado advirtió que no se habría acreditado el cumplimiento efectivo de una parte sustancial de esas prestaciones. Para los investigadores, la actividad de la firma habría consistido sobre todo en recibir instrucciones de pago ya autorizadas por el sindicato y su obra social, instrumentar las operaciones ante los bancos y remitir los comprobantes.
Una sociedad con 82 días de vida
Uno de los datos que más llamó la atención es la cronología: USEM S.A. se constituyó el 7 de diciembre de 2022, apenas 82 días antes de la firma de los contratos. Tenía una estructura operativa reducida y no se le habría identificado actividad comercial relevante fuera de los vínculos con las entidades sindicales.
El capital estaba repartido en partes iguales entre Braconi, presidente de la firma, y Calle, directora suplente. La mujer, además, tenía una relación laboral de dependencia con la UOM, algo que el juzgado consideró un posible conflicto de intereses.
La resolución también remarca que no se habría acreditado ninguna compulsa competitiva, comparación de precios ni evaluación formal de los antecedentes y la capacidad operativa de la empresa antes de contratarla.
Diez años de contrato y honorarios porcentuales
Las condiciones económicas y jurídicas de los acuerdos también están cuestionadas. Los contratos fijaban una duración de diez años y un esquema de remuneración porcentual que, según el juzgado, no ataba los honorarios a la cantidad o complejidad de las operaciones ni a los resultados concretos del servicio.
A eso se suma una asimetría en las condiciones de salida: USEM S.A. podía rescindir unilateralmente con 30 días de preaviso, mientras que la UOM y OSUOMRA no tenían una facultad equivalente, salvo situaciones excepcionales.
Con esos elementos, el juzgado sostuvo que las contrataciones podrían haber dejado a las entidades sindicales en una posición desventajosa y generado un sobrecosto para sus patrimonios. Las cotizaciones obtenidas durante la investigación para servicios comparables resultaron sustancialmente inferiores al costo del esquema examinado.
La hipótesis judicial indica que la maniobra habría permitido procurar un beneficio económico indebido para USEM S.A. y sus accionistas, con un posible perjuicio patrimonial para la UOM y su obra social.
El calendario de las indagatorias
Furlán deberá presentarse el 17 de noviembre a las 10.30. Calle lo hará el 24 de noviembre; Lobato, el 1° de diciembre; Braconi, el 9 de diciembre; Brunelli, el 14 de diciembre; y Ortiz, el 15 de diciembre. Todas las audiencias fueron fijadas para las 10.30.
La resolución también ordenó profundizar la investigación patrimonial y financiera para determinar el destino de los fondos y los eventuales beneficiarios finales de la operatoria.
Entre otras medidas, se pidió información a compañías aéreas sobre viajes de Furlán, Calle, Braconi y Lobato desde el 27 de febrero de 2023. El objetivo: establecer quiénes contrataron y pagaron los pasajes y si hubo reservas o medios de pago compartidos.
Además, el juzgado dispuso investigar una suma de 959.300 dólares que, según documentación incorporada al expediente, habría sido entregada en junio de 2026 por un representante de la seccional Campana-Zárate de la UOM a USEM S.A. para su guarda en una caja de seguridad del Banco Nación, en la Casa Central. La entidad bancaria deberá informar quiénes eran los titulares y autorizados para acceder a esa caja, además de remitir el registro completo de ingresos desde su apertura.
La convocatoria a indagatoria y las medidas patrimoniales no implican una condena ni suponen que la responsabilidad de los involucrados esté probada. La investigación sigue para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y el destino de los fondos.
