Clausuraron ocho sectores de Cerro Negro: lo que escondían bajo tierra

El gobierno provincial clausuró ocho sectores de la minera Cerro Negro tras detectar faltas muy graves que ponían en riesgo la integridad física de los operarios. La inspección fue encabezada por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, y el ministro de Seguridad, Pedro Prodromos.

La operadora desmovilizó al personal con goce de haberes mientras avanza el sumario. Las autoridades condicionaron el levantamiento de las medidas a la sustanciación de las actas y a la conformación de una mesa de trabajo conjunta.

Maniobras de ocultamiento en el portal San Marcos

Durante las fiscalizaciones nocturnas, junto a verificadores policiales y áreas de Transporte, la comitiva detectó maniobras para evadir el control oficial en el portal San Marcos. Aravena reveló: "Escondieron los vehículos bajo mina cuando se enteraron que estábamos reingresando con un grupo importante de policías que son verificadores para cooperar con la subsecretaría de transporte justamente en la tarea de verificar la documentación de los vehículos".

Uno de los hallazgos más alarmantes fue el transporte de sustancias peligrosas sin control técnico legal. "Que un camión con combustible baje 300 metros a una mina, a un lugar hermético, donde hay gente trabajando, donde hay potencial de riesgos, donde las temperaturas son elevadas, eran condiciones de alta deficiencia", remarcó el funcionario sobre la unidad que carecía de la Revisión Periódica Obligatoria (RPO).

Fallas instrumentales y riesgo en el ambiente subterráneo

Los problemas de seguridad también abarcaron el equipamiento individual para ingresar a los túneles. "Me subo al transporte, empezamos a bajar, cuando pasamos la estocada número uno comienza a sonar permanentemente; o en mi caso no funcionaba o había gases, pero la segunda vez que bajé en el portal San Marcos sí había gases porque la condensación se percibía en el ambiente, en la garganta", detalló Aravena.

Estas falencias fundamentaron las medidas cautelares en los sectores más sensibles. "En estas faltas muy graves es donde dictamos cese de actividades por existir un potencial riesgo a la seguridad de los trabajadores", puntualizó sobre los ocho puntos clausurados. Cualquier reactivación dependerá de la remediación efectiva de las observaciones.

Defensa de las normativas y del empleo local

La posición gubernamental reafirmó la exigencia del cumplimiento de las leyes provinciales, con especial énfasis en el régimen de mano de obra local 70/30 ante la llegada irregular de personal foráneo. "Acá es un cambio de paradigma. Nosotros no somos cipayos. No nos vamos a subordinar al antojadizo poder de estas corporaciones. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es estar del lado de los trabajadores, defender sus derechos y resguardar su seguridad", sentenció Aravena.

Finalmente, el funcionario concluyó que la protección de la comunidad está por encima de las presiones económicas: "Un gramo de oro no vale una vida. No puede ser que privilegien al de afuera por sobre el nuestro, y eso se cortó; en Santa Cruz, no más".