Cobraba $800.000 por vivienda del IPVU y fue detenida en La Banda: la promesa que arruinó a varias familias

Una falsa gestora prometía viviendas del IPVU a cambio de fuertes sumas de dinero. ¿Cómo hizo para engañar a tantas familias? Los detalles del operativo que terminó con su detención.

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Cobraba $800.000 por vivienda del IPVU y fue detenida en La Banda: la promesa que arruinó a varias familias
Cobraba $800.000 por vivienda del IPVU y fue detenida en La Banda: la promesa que arruinó a varias familias

Una mujer fue detenida en el barrio Mama Antula de La Banda acusada de estafar a varias familias con la promesa de conseguirles viviendas del IPVU. Llegó a cobrar hasta $800.000 por persona y el total defraudado supera los $3,6 millones.

La detención se concretó el viernes durante un allanamiento realizado por personal del Departamento Delitos Económicos. La sospechosa, identificada como Verónica González, quedó a disposición de la Justicia y será indagada en los próximos días.

¿Cómo fue la estafa?

La investigación comenzó tras una denuncia presentada el 29 de junio por una joven de 28 años. Según consta en la causa, la denunciante conoció a González a través de una persona vinculada a una iglesia, donde la presentaron como una supuesta "gestora política" con contactos en organismos provinciales.

La acusada ofrecía tramitar la creación de ONG, beneficios sociales, bolsones de alimentos y, principalmente, la adjudicación de viviendas del IPVU. Para iniciar las gestiones, pedía $800.000 por persona, más documentación personal como fichas y copias de DNI.

Además, solicitaba otros $50.000 por interesado con el argumento de invitar a merendar a "la dire", en presunta referencia a una funcionaria, para convencerla de firmar los papeles necesarios.

Las víctimas se endeudaron para pagar

Las víctimas denunciaron haber entregado un total de $3.618.000 mediante transferencias bancarias, algunas realizadas desde cuentas de terceros. Varias familias pidieron préstamos para juntar el dinero, convencidas de que accederían a una vivienda propia.

Pero los trámites nunca se concretaron. Cuando reclamaban, la investigada respondía con evasivas y culpaba a funcionarios o expedientes que supuestamente seguían en curso.

La denunciante aportó comprobantes de transferencias, conversaciones de WhatsApp, documentación y una grabación donde reclamaba explicaciones. Todo ese material fue incorporado al expediente.

Advertencia a la comunidad

Desde la Justicia recuerdan que las viviendas sociales no se adjudican mediante gestores particulares ni pagos informales. Todo trámite debe realizarse exclusivamente por los canales oficiales.

Recomiendan no entregar dinero ni documentación a intermediarios sin acreditación oficial, no hacer transferencias para "agilizar" expedientes y verificar cualquier gestión directamente ante el IPVU.

La causa sigue en trámite y la mujer permanece sujeta al principio de inocencia hasta que exista sentencia firme.

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