Cobraba cursos mineros que debían ser gratis: la plata terminaba en dos cuentas personales

La agrupación Minera Cordillera de los Andes denunció ante la Justicia a su presidente, Patricio Páez, por el cobro no autorizado de capacitaciones que, según los estatutos de la entidad, debían ser gratuitas. La presentación la realizó David Suárez, integrante de la comisión directiva, quien apuntó contra el manejo de fondos y el destino del dinero.

Suárez explicó que la institución es una asociación civil sin fines de lucro y que su objetivo era capacitar a trabajadores locales para aprovechar la ley provincial 8020, que reserva el 80% de la mano de obra para residentes. "Nosotros teníamos como objetivo colaborar con capacitaciones gratuitas para las personas que quisieran formar parte de minerías de nuestra provincia", declaró el dirigente, y agregó que la norma se logró tras negociaciones con el Gobierno y que ya está en vigencia. Sin embargo, la situación cambió cuando empezaron a detectar que se cobraban cursos sin informar a la comisión.

Reuniones esquivadas y una denuncia penal

Ante las sospechas, los miembros de la conducción intentaron reunirse con Páez para pedir explicaciones sobre el dinero que se manejaba al margen del órgano directivo. Según el relato de Suárez a Radio Sarmiento, las peticiones eran evadidas sistemáticamente. "Tratamos de pedir reuniones de comisión. Eran esquivadas en todo momento (...) hasta que en algún momento pudimos llegar a conciliar la última reunión cuando ya nos enteramos de que había un monto de dinero que estaba manejando no autorizado por la comisión directiva", detalló. En ese encuentro no obtuvieron respuestas claras, por lo que decidieron acudir a la Justicia.

La denuncia recayó en la UFI de Delitos Especiales, ubicada en el primer piso de Tribunales. Allí la agrupación aportó comprobantes de pago que fueron entregados por los propios damnificados. Paralelamente, notificaron a la Dirección de Personería Jurídica para frenar los trámites administrativos de la entidad y apartar a Páez de la conducción.

El dinero iba a cuentas personales

El eje de la irregularidad, según la versión de Suárez, es el destino del dinero que pagaban los asistentes: los montos se transferían directamente a cuentas particulares de Patricio Páez y de su hijo Santiago. "Los fondos estaban ingresando directamente a una cuenta personal de él y de su hijo. Entonces, le pedimos a la justicia que investigue esas cuentas porque han sufrido un movimiento importante, un incremento de dinero a partir de agosto, septiembre y parte de octubre", sostuvo el denunciante.

Para justificar el cobro, el presidente denunciado argumentaba operar mediante un emprendimiento privado llamado Truck Shop. Pero Suárez aclaró que esa firma no está registrada como entidad capacitadora ni posee CUIT para tal fin, sino que se trata de un taller familiar de mantenimiento mecánico. "Trackshop no es una empresa, no están autorizados con ese mini emprendimiento familiar que hace mantenimiento en maquinaria (...). No es una empresa de capacitaciones ni autorizado ni nada por el estilo", afirmó.

Montos elevados y certificados sin aval

Los valores que se exigían a los participantes eran altos. Según los cálculos de la comisión directiva, la maniobra involucra a más de cien personas y sumaría varios millones de pesos. "Por estos cursos había gente que pagaba 150.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos. El monto no lo tenemos. Podemos sacar cuenta de la cantidad de personas que se han capacitado: son más de 100. Y hablamos de entre 15 y 20 millones, es lo que estimamos que puede haber sido el movimiento de cuenta", precisó Suárez.

Las capacitaciones se dictaban en instalaciones públicas como El Coloso de Rawson, cedido gratuitamente por el municipio bajo la premisa de que se trataba de una labor comunitaria sin costo. Suárez desvinculó a las autoridades municipales de la maniobra: "Creo que el municipio no tiene nada que ver (...), era como que le hacían un favor de prestarle el coloso a la agrupación cuando este señor estaba haciendo cursos para un bien propio, para un interés común de su propia familia". Y anticipó que el espacio ya no volvería a prestarse.

En cuanto a los certificados entregados a los alumnos, la dirigencia advirtió que carecen de respaldo institucional o gubernamental. Salvo la participación puntual de un profesional matriculado en algunas instancias, la mayoría de las certificaciones no tendrían validez legal ante empresas ni organismos provinciales. "Creemos que el 80% de esos certificados que se han estado emitiendo no son legales y por eso lo damos a conocer para no quedar como parte de esta organización que realiza este tipo de cosas sin autorización", sostuvo Suárez.

La agrupación también pidió en Personería Jurídica que se detenga el trámite de personería que estaba en curso hasta resolver el conflicto. "La mayoría de la comisión directiva ya ha renunciado (...). Él ya no pertenece al grupo de la comisión directiva y creemos que vamos a arrancar con todo de nuevo a partir de que se solucione esto", concluyó.