Cobraba por cursos mineros que eran gratis: la Justicia siguió el rastro de la plata
La asociación minera parecía la puerta de entrada al trabajo en la montaña. Los cursos, decían, eran gratuitos. Lo que la Justicia ahora revisa es a dónde iba la plata que pagaban los aspirantes.
La UFI de Estafas investiga a Patricio Páez, presidente de la Asociación de Servicios Mineros Cordillera de los Andes, y a su hijo Santiago por una defraudación que superaría los 12 millones de pesos y habría afectado a unas 100 personas en San Juan. El caso salió a la luz a partir de un informe de la periodista Celeste Williner en el programa "Todos Vivos" y ahora avanza sobre las transferencias bancarias que los damnificados aportaron como prueba.
La acusación sostiene que los cursos de capacitación minera debían ser gratuitos. Sin embargo, los interesados terminaron pagando entre 100 mil y 200 mil pesos por formaciones en manejo de autoelevadores y camiones volcadores.
El método: prestigio institucional y cuentas personales
Según la denuncia, la maniobra aprovechaba el nombre de una ONG sin fines de lucro para captar a sanjuaninos que buscaban insertarse laboralmente en la actividad minera. El dinero de las inscripciones, en lugar de ingresar a las arcas de la asociación, habría ido a parar a cuentas bancarias personales de los acusados.
La presentación formal la impulsaron integrantes de la propia agrupación, representados por David Suárez y el abogado querellante Guido Sánchez. De acuerdo con ese escrito, Páez y su hijo actuaban a espaldas de la comisión directiva y entregaban certificados con el sello de la institución, lo que daba apariencia de legalidad a las capacitaciones.
Los lugares que le cerraron las puertas
Para sostener la fachada, el sospechoso habría utilizado instalaciones que la ONG recibía para fines solidarios: el Coloso de Rawson, el predio de ASER y el CIPCAMI. Cuando las autoridades de esos espacios detectaron el lucro indebido, le bloquearon el acceso de manera definitiva.
Mientras la causa suma documentación, los miembros de la asociación reclaman celeridad a los fiscales y lanzaron una advertencia pública: piden a la comunidad que no entregue dinero, porque el principal sospechoso intentaría continuar con la actividad bajo el nombre de una supuesta Pyme privada.
