Cobraban 40.000 dólares por casamientos falsos: la maniobra que terminó con seis detenidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) formalizó cargos contra seis personas de Massachusetts acusadas de integrar una red que durante más de una década organizó matrimonios fraudulentos para que extranjeros indocumentados accedieran a la green card. La tarifa: entre 38.000 y 40.000 dólares por trámite.

Quiénes son los acusados

La lista la encabeza Jennifer Gonzalez, de 43 años y vecina de Fall River, señalada como la cabecilla. La acompañan Erica Daniels (29), Chreise Alejandro (39), Amara Pugh (31) y Jaylin Hill (26), todos de Fall River, y Jessica Tavares (31), de Attleboro. Todos enfrentan cargos federales.

Según el DOJ, Gonzalez pagaba a ciudadanos estadounidenses —Daniels, Alejandro, Tavares y Hill— para que se casaran con clientes indocumentados y presentaran documentación falsa ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). Pugh, en tanto, cumplía funciones de secretaria en la estructura.

Un promedio de 18 a 20 casamientos por año

La organización manejaba entre 18 y 20 matrimonios falsos anuales. Para que las uniones parecieran reales ante las autoridades, Gonzalez instruía a los clientes sobre cómo tomarse selfies juntos, abrir cuentas bancarias compartidas y contratar seguros de vida. Les aseguraba que en tres o cuatro meses tendrían los papeles listos para pedir la residencia y les exigía firmar “contratos” por el servicio.

Las pruebas reunidas por los investigadores incluyen una grabación en la que la acusada dirige la impresión y firma de un contrato de “préstamo” simulado y acepta un anticipo de 3.000 dólares en efectivo. En esa misma conversación, según el DOJ, le explica al cliente que el documento omitía a propósito el nombre del cónyuge porque mencionarlo sería “incriminatorio”. Los clientes, además, solían pagar 500 dólares mensuales a su supuesto marido o esposa —o a alguien de su entorno— para sostener la farsa.

El estado santuario como argumento de venta

En los audios y videos obtenidos durante la pesquisa federal, Gonzalez recomendaba a los indocumentados instalarse en Massachusetts. “Massachusetts es el mejor lugar para ti. Eso es un hecho. Creo que puedes estar bien, porque este estado es santuario. A Trump no le gusta este estado, porque el gobierno de aquí nos defiende mucho. Recibes mucha ayuda como inmigrante aquí”, dice según la cita del DOJ.

La investigación también detectó que la líder de la red habría acumulado cientos de miles de dólares, invertidos en propiedades y comercios en República Dominicana. El documento oficial señala, además, que gastó más de 120.000 dólares en beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP.

Las penas que podrían enfrentar

Los seis imputados están acusados de conspiración para dar refugio a inmigrantes indocumentados y de albergarlos, delitos que contemplan hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y multas de hasta 250.000 dólares. A eso se suman los cargos por fraude matrimonial y conspiración para cometerlo, que prevén hasta cinco años de cárcel y multas individuales de 250.000 dólares.

El anuncio lo hizo la fiscal federal Leah B. Foley, quien fue contundente: “Espero que hoy los acusados y otros como ellos se den cuenta de que el sueño americano no está a la venta, se gana. Y cuando intenten apropiarse indebidamente de él para obtener ganancias, los haremos responsables”, declaró, según Reuters.