Cobraban por verificar autos sin mirarlos: dos policías de Esperanza condenados a pagar casi $12 millones

Dos efectivos que se desempeñaban en la Sección Automotores de Esperanza fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional por cobrar coimas a cambio de entregar formularios de verificación vehicular sin inspeccionar las unidades. La sentencia se dictó en los Tribunales de Santa Fe mediante un juicio abreviado y contempla, además, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y multas que en conjunto superan los $19 millones.

Se trata de los suboficiales Bruno Santiago Vignatti y Bernardo Agustín González. De acuerdo con el acuerdo judicial, Vignatti deberá abonar $8.000.000, mientras que González tendrá que pagar $11.520.000.

La resolución representa la primera condena en una investigación que arrancó con una denuncia anónima y que sacó a la luz un presunto sistema de recaudación ilegal montado en la planta verificadora de la Unidad Regional IX, con sede en Esperanza. Por la misma causa siguen detenidos con prisión preventiva los policías Gustavo Vittore y Luis Rodrigo Ulerich, y fue imputada en libertad una gestora de Sarmiento, departamento Las Colonias, identificada como Érica Andrea Lucca.

Formularios firmados y sellados sin revisar los vehículos

Según la investigación, los efectivos cobraban dinero para confeccionar, sellar y firmar los formularios 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), documentos indispensables para inscribir o transferir un vehículo.

El procedimiento se hacía al margen de lo establecido: no se pedían turnos, no se pagaban las tasas y los rodados nunca ingresaban a la planta para ser revisados. La Fiscalía sostiene que los policías entregaban los formularios con sus firmas y sellos oficiales, incluso en blanco, para que después fueran completados y usados en los trámites. En la maniobra habría actuado una gestora como intermediaria entre los clientes y los agentes.

El fiscal Ezequiel Hernández explicó que las conductas encuadran en el delito de cohecho pasivo, conocido popularmente como pedido de coimas. Los efectivos recibían dinero a cambio de emitir documentos sin hacer las inspecciones obligatorias.

Esos controles permiten verificar, entre otras cosas, que los vehículos no tengan pedidos de secuestro ni irregularidades en la numeración del motor, el chasis o el cuadro de las motocicletas. Al extender los formularios sin revisar las unidades, ese procedimiento de seguridad quedaba sin cumplir.

Los hechos y los montos que se cobraban

La investigación le atribuyó a Vignatti al menos 17 hechos, cometidos entre el 16 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026. En el caso de González, se contabilizaron 26 hechos entre el 3 de enero de 2020 y el 13 de agosto de 2025.

Los valores variaban según el tipo de vehículo y el período. En uno de los tramos de la maniobra se cobraban alrededor de $30.000 por los formularios de motocicletas y $50.000 por los de automóviles. El fiscal también señaló que, a lo largo del tiempo, los montos rondaban entre 20 y 30 dólares por documento.

Hernández indicó además que los policías llegaban a gestionar entre seis y siete formularios por semana con este mecanismo y que ambos habrían trabajado con al menos una gestora de la zona.

Cómo se destapó la causa

El caso se inició en julio de 2026, cuando Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe recibió una denuncia anónima que alertaba sobre presuntas irregularidades en la planta de verificación automotor de Esperanza.

A partir de esa información avanzó la investigación encabezada por el fiscal Hernández, que derivó en las detenciones de los efectivos involucrados y en la imputación de la gestora, quien continúa el proceso en libertad.

Las condenas a Vignatti y González marcan el primer resultado judicial de la causa, mientras sigue la investigación sobre los otros policías detenidos y las demás personas señaladas en el expediente.