Ricardo Maciel, subsecretario de Asuntos Yerbateros de Misiones, viene advirtiendo que la desregulación del sector está dejando a los productores contra las cuerdas. Mientras la hoja verde se paga $285 y producirlas cuesta $470, el funcionario apunta a un poder concentrado que ya causó estragos en los años 90. ¿Se repite la historia?
El subsecretario de Asuntos Yerbateros de Misiones, Ricardo Maciel, puso números concretos sobre la mesa para explicar por qué el sector yerbatero atraviesa una crisis que, según su análisis, no se resuelve solo con la ley del mercado. La desregulación dispuesta por el DNU 70/2023, que le quitó al INYM la facultad de fijar precios, profundizó el desequilibrio entre lo que gana el productor y lo que le cuesta producir.
El precio que no cierra
Hoy el kilogramo de hoja verde se paga alrededor de $285, mientras que el costo de producción se estima en $470. La diferencia negativa es de $185 por kilogramo. El dato no es menor: el productor pierde plata cada vez que cosecha.
La ecuación se complica aún más si se compara con diciembre de 2023, cuando el INYM todavía podía fijar precios. En ese momento, la hoja verde se comercializaba a $400 y el litro de gasoil costaba unos $360. Hoy el combustible trepó a $2.500, mientras que el valor que recibe el yerbatero es inferior al de casi tres años atrás.
A eso se suman los aumentos del Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG) y las altas tasas de interés que dificultan el acceso al crédito. Maciel advirtió que, si las condiciones se mantienen, la zafra de 2027 podría arrancar con precios similares o incluso más bajos que los de cuatro años antes, pese al fuerte incremento de los costos.
La sobreoferta, en discusión
Uno de los argumentos que se esgrime para explicar la caída de los precios es el exceso de hoja verde en el mercado. Maciel lo cuestionó con datos: entre 2015 y 2023 las cosechas oscilaron entre 810 y 880 millones de kilogramos anuales; en 2024 se llegó a un máximo de 970 millones y en 2025 la producción volvió a niveles históricos. La zafra gruesa de 2026 cerró con 818 millones de kilogramos.
Al mismo tiempo, el mercado interno y las exportaciones demandan unos 325 millones de kilogramos de yerba elaborada por año, lo que requiere aproximadamente 975 millones de kilogramos de hoja verde. Con esa relación, el funcionario sostuvo que la caída de los precios no puede explicarse solo por la oferta.
“Si efectivamente existiera sobreoferta, ¿por qué el consumidor no obtiene un beneficio equivalente mediante precios más bajos?”, se preguntó Maciel. Para él, el problema central pasa por la capacidad de las grandes empresas de imponer las condiciones comerciales en un mercado donde el productor tiene poco margen de negociación.
El fantasma de los años noventa
Maciel recordó que la actividad ya vivió una situación similar tras la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) a comienzos de los 90. Sin herramientas regulatorias ni estadísticas oficiales, las mesas de concertación de precios dejaron de funcionar y muchos pequeños productores quedaron fuera del negocio.Incluso se impulsó un subsidio para que los agricultores con hasta cinco hectáreas dejaran de cosechar, y a comienzos de los 2000 se propuso reconvertir a unos 8.000 pequeños yerbateros hacia otras actividades agropecuarias. La premisa era que reduciendo la cantidad de productores se corregirían los desequilibrios del mercado. El resultado, según su evaluación, fue mayor concentración económica y debilitamiento de los establecimientos familiares.
El funcionario teme que la desregulación actual repita ese camino, con consecuencias no solo para los productores sino también para los pequeños y medianos secaderos, las industrias y las cooperativas.
Del centavo a la negociación paritaria
Para dimensionar lo que está en juego, Maciel repasó la crisis de 2001 y 2002, cuando el kilogramo de hoja verde llegó a pagarse apenas dos centavos y los productores reclamaban un mínimo de 16. Con la creación del INYM, en agosto de 2002 el Directorio acordó por unanimidad fijar un precio de 13,5 centavos por kilogramo, muy por encima de lo que se pagaba hasta entonces.
Desde ese momento, los precios mínimos se definieron semestralmente por acuerdos sectoriales o arbitrajes de la Secretaría de Agricultura de la Nación. Maciel destacó que, a diferencia de la vieja CRYM donde el Estado imponía los valores, el INYM funcionaba como un ámbito de negociación entre todos los eslabones de la cadena. Por eso rechazó que los precios mínimos fueran una imposición política y los defendió como una herramienta para equilibrar las relaciones comerciales.
El poder de compra concentrado
Otro de los puntos que señaló el subsecretario es la concentración del poder de compra en pocas manos. Según su análisis, las cinco principales industrias tienen una influencia determinante sobre los precios de la materia prima, reforzada por su capacidad de almacenamiento y procesamiento. En particular, mencionó los sistemas de estacionamiento acelerado, que les permiten reducir los tiempos para disponer de yerba canchada y administrar la oferta.
Maciel también manifestó preocupación por el debilitamiento de los registros estadísticos y los mecanismos de fiscalización del INYM. Consideró que la información sobre producción, comercialización y calidad es indispensable tanto para los productores como para las industrias y los organismos estatales. En ese marco, cuestionó una eventual reducción de los controles sobre las características del producto y planteó la necesidad de avanzar en sistemas de tipificación que permitan verificar lo que se declara en los envases.
El reclamo de fondo
Frente a este panorama, Maciel sostuvo que recuperar las facultades regulatorias del INYM es una herramienta necesaria para evitar que las diferencias de poder económico sigan afectando a los sectores más vulnerables de la cadena. También cuestionó el enfoque del Gobierno nacional de priorizar el abaratamiento de la yerba para los consumidores sin contemplar, según su postura, las consecuencias que la reducción de ingresos tiene sobre los productores.
En la misma línea, puso reparos a la valoración oficial del crecimiento de las exportaciones: mayores volúmenes vendidos al exterior no necesariamente se traducen en mejores ingresos cuando los precios de venta son inferiores a los de años anteriores.
Maciel insistió en que la discusión debe superar las diferencias partidarias y concentrarse en la sostenibilidad de una de las principales economías regionales del país. Para él, recuperar la capacidad de fijar precios mínimos permitiría restablecer una instancia formal de negociación entre compradores y vendedores, incorporando los costos reales de producción y las necesidades de cada sector.
El principal riesgo, advirtió, es que la continuidad de los precios deprimidos termine expulsando a pequeños productores y favoreciendo una nueva concentración de la actividad en manos de las empresas de mayor capacidad económica.
