¿Cuánto puede aguantar una caja previsional que cobra cuotas de hasta $120.000 y que, según los propios matriculados, no tiene estudios actuariales que la sostengan? La advertencia que dejaron en Diputados tiene fecha.
La Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta quedó en el centro de la escena: nutricionistas y trabajadores sociales pidieron en la Cámara de Diputados que la afiliación deje de ser obligatoria y pase a ser optativa. La comisión de Legislación General, presidida por Socorro Villamayor, escuchó los reclamos contra la Ley Provincial N° 8.444, sancionada en agosto de 2024.
Los representantes del Colegio de Graduados en Nutrición y los colectivos autoconvocados de nutrición y trabajo social expusieron los números que, según dicen, vuelven imposible sostener el sistema: cuotas que van de $50.000 a $120.000 mensuales para trabajadores independientes que, en muchos casos, cobran con meses de atraso.
El reclamo de fondo: una caja que recauda pero no cubre
Durante el encuentro legislativo, los profesionales sostuvieron que la Caja se implementó sin los estudios económicos actuariales suficientes. Según su planteo, lo que debía funcionar como una cobertura previsional terminó convertido en un ente meramente recaudatorio.
Por eso exigieron que se reforme la norma para que la afiliación sea optativa y no obligatoria. Las cuotas actuales, remarcaron, resultan impagables sobre todo para quienes recién arrancan en la actividad.
Los referentes sectoriales también apuntaron contra la falta de respuestas de las autoridades de la Caja para resolver la morosidad o habilitar planes de pago accesibles. Más de 340 profesionales impulsaron una mediación legal y, según denunciaron, no obtuvieron soluciones.
Colapso en 10 años y deudas que superan $1.200.000
En ese marco lanzaron una advertencia severa: bajo las condiciones actuales y con escasa incorporación de nuevos aportantes, la Caja podría colapsar en un plazo de 10 años.
Desde el sector de nutrición explicaron que los montos se calculan según la edad de afiliación y que los profesionales independientes cobran con hasta 120 días de atraso a través de obras sociales, principalmente el IPS. Esa demora ya generó deudas individuales que superan el $1.200.000.
La asfixia financiera, advirtieron, está empujando a numerosos trabajadores a darse de baja de la matrícula profesional, lo que fomenta la irregularidad laboral tanto en Capital como en el interior de la provincia.
Mesa de diálogo y comisión revisora
Frente a este panorama, las diputadas presentes —Socorro Villamayor, Mónica Goicoechea, Soledad Farfán, Marianela Marinaro, Frida Fonseca y Fernanda Domínguez— propusieron conformar una mesa de diálogo y una comisión revisora.
La idea es que participen legisladores, colegios profesionales, autoconvocados y autoridades de la Caja para analizar posibles cambios a la Ley 8.444 antes de avanzar con una reforma en el recinto.
