Cobran por hora, sin jefe y sin aportes: el modelo laboral que ya suma 832 mil personas

El plan económico de Javier Milei dejó una marca profunda en el mercado de trabajo: 832.000 personas se sumaron a alguna forma de presión laboral desde el inicio de su gobierno. Así lo revela un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) titulado La consolidación del modelo changa, firmado por Walter González, Claudio Lozano y Ana Rameri.

La presión total sobre el mercado laboral —que incluye desocupados, subocupados y quienes están disponibles para trabajar más horas— trepó al 30,8% de la Población Económicamente Activa (PEA) en el segundo trimestre de 2026. Tres años antes, en el mismo período de 2023, ese indicador era del 27,8%.

El dato que esconde la desocupación

La tasa de desocupación del 7,9% que informa el INDEC subestima la falta de trabajo. Según el IPyPP, si se suman los subocupados demandantes —aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales, quieren más horas y además buscan otro empleo—, la desocupación ampliada llega al 15,9% de la PEA. Un año antes era del 15,5% y en 2023, del 13,6%.

"La existencia de alguna ocupación no implica una inserción laboral suficiente ni estable, ya que se trata de trabajadores/as que disponen de pocas horas y siguen buscando activamente empleo, por lo que su situación puede considerarse muy próxima a una desocupación efectiva", explicaron desde el IPyPP.

La subutilización laboral —desocupación más subocupación— pasó del 16,8% al 19,4% de la PEA entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2026. Esto representa 669.000 personas adicionales en alguna de esas dos situaciones. Y si se agregan quienes no buscan otro empleo pero están disponibles para trabajar más horas, la presión total alcanza el 30,8%, con 832.000 personas más bajo alguna forma de presión laboral.

Se derrumba el empleo protegido

Entre el segundo trimestre de 2023 y el mismo período de 2026 se destruyeron 485.000 puestos asalariados. De ese total, 457.000 eran empleos registrados, es decir, con descuento jubilatorio: el 94% de los puestos perdidos pertenecía al núcleo más protegido del mercado laboral.Como consecuencia, los asalariados redujeron su participación en el empleo total del 74,2% al 70,5%, mientras que el cuentapropismo saltó del 22,3% al 25,3%. En el segundo trimestre de 2026, apenas el 62,1% de los asalariados cuenta con descuento jubilatorio, según registra el INDEC.

"El deterioro de la estructura ocupacional no proviene entonces de una mera expansión del empleo asalariado informal, sino de la contracción del núcleo más protegido del mercado laboral y de su reemplazo por formas de trabajo independiente (el modelo changa)", señalaron desde el IPyPP.

La brecha entre el empleo asalariado registrado y las formas precarias se amplió: en 2023, los registrados representaban el 46,9% de los ocupados y la suma de no registrados y cuentapropistas llegaba al 49,6%. Tres años después, los primeros cayeron al 43,8% y los segundos subieron al 52,2%. La diferencia pasó de menos de 3 puntos a más de 8 puntos porcentuales. Más de la mitad de los ocupados trabaja hoy sin registro o por cuenta propia.

Plataformas, sin patrón y sin derechos

El informe describe cómo el cuentapropismo se profundiza en la era digital: los patrones son reemplazados por plataformas de servicios, se despersonalizan las relaciones laborales y los trabajadores son redefinidos como "colaboradores". Lejos de empoderarlos, el modelo les transfiere los costos y riesgos de sostener una inserción laboral.

"La expansión del trabajo independiente no supone necesariamente una dispersión del poder económico. Puede coexistir —y cada vez más lo hace— con mercados altamente concentrados en los que grandes plataformas, marcas y empresas controlan las mediaciones decisivas para acceder a clientes, comercializar, construir reputación o simplemente poder trabajar", advirtieron González, Lozano y Rameri.

El documento concluye que el cuentapropismo "constituye una de las expresiones más claras del modelo changa, que equivale a menos empleo asalariado protegido y una mayor transferencia hacia los propios trabajadores de los costos y riesgos de sostener una inserción laboral".