Cobrar un despido en juicio: el tribunal porteño le puso techo a la indemnización
Una empleada despedida del Banco Hipotecario y una cuenta que expone la letra chica: entre marzo de 2017 y agosto de 2026, el IPC trepó 11.980% y la tasa que impone la nueva ley, 5.930%. Qué resolvió el tribunal porteño sobre el dinero que cobran los trabajadores.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) puso un freno a la forma en que se actualizan las indemnizaciones por despido y marcó un rumbo que sigue la línea de la Corte Suprema. Por mayoría, el máximo tribunal porteño aceptó el planteo del Banco Hipotecario S.A. y dejó sin efecto una sentencia de la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
La decisión implica que los intereses y la actualización del crédito laboral se calculen con el régimen del artículo 55 de la ley de Modernización Laboral, la norma 27.802 que el Congreso aprobó el 28 de febrero pasado y que entró en vigencia el 6 de marzo de 2026, en pleno trámite del expediente.
Qué dice la fórmula que validó el tribunal
El artículo 55 regula cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios que todavía no tienen sentencia definitiva. La regla es la tasa pasiva del Banco Central, pero con un piso y un techo: el resultado no puede superar lo que arrojaría el Índice de Precios al Consumidor (IPC-INDEC) más un 3% anual, ni quedar por debajo del 67% de ese mismo cálculo.
El fallo se dictó en la causa “Banco Hipotecario S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado (laboral) en Souto, María Laura c/Banco Hipotecario S.A. y otro s/despido”. La Cámara del Trabajo había confirmado la condena al pago de la indemnización y había declarado inconstitucionales las leyes 23.928 y 25.561, que prohíben la indexación. Además, había ordenado actualizar el crédito desde su exigibilidad con el IPC-INDEC más un interés puro del 3% anual.
Frente a eso, el banco llegó al TSJ con el argumento de que la sentencia era arbitraria y se apartaba de la doctrina de la Corte Suprema en los precedentes “Oliva” y “Lacuadra”. La trabajadora despedida, por su parte, pidió que se declarara inconstitucional el artículo 55 de la nueva ley. El tribunal rechazó ese planteo.
La mayoría y el peso de la ley
Los magistrados sostuvieron que declarar la invalidez de una ley es el último recurso al que se puede apelar. Señalaron que el esquema transitorio que diseñó el Congreso responde a un criterio de oportunidad y mérito legislativo, y que no vulnera el principio de igualdad ni el derecho de propiedad. También consideraron que el piso mínimo del 67% es compatible con la doctrina de no confiscatoriedad de la Corte Suprema.
De ese modo, el artículo 55 de la Ley 27.802 quedó como la regla para determinar la actualización del crédito de la trabajadora, en coincidencia con el fallo de la Corte Suprema del 5 de noviembre pasado en el expediente Cabana Opanasiuk, Leonardo.
Votaron a favor de la validez de la norma Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg. En disidencia se pronunciaron Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz.
Los argumentos de uno y otro lado
De Langhe y Otamendi firmaron un voto conjunto en el que afirmaron que no resulta irrazonable que los créditos laborales tengan un régimen propio, distinto del que rige para las deudas civiles y comerciales. Tampoco vieron discriminación en que el artículo 55 trate de manera diferente a los juicios en curso respecto del artículo 54, que regirá para los casos nuevos. Para los jueces, se trata de un mecanismo transitorio pensado para causas que se tramitaron bajo la prohibición de indexar, con alta inflación y después de que la Corte Suprema descalificara varias fórmulas de la Justicia laboral por arrojar resultados “desproporcionados”.
Weinberg llegó a la misma conclusión con un voto propio. Puso el foco en que la trabajadora no demostró con números concretos cuánto perdía con la nueva fórmula y advirtió que una objeción de esa gravedad exige probar el perjuicio en el caso. Para la jueza, el piso legal protege al trabajador y la previsibilidad sobre el monto de las deudas también cuida la fuente de empleo.
“La adopción de un mecanismo de excepción y transitorio para resolver las causas en trámite constituye una decisión legislativa que, más allá de su acierto o error, por sí misma, no resulta arbitraria ni discriminatoria”, afirmó Weinberg.
Lozano y Ruiz, desde el peronismo, votaron en contra y declararon inconstitucional la ley de Modernización Laboral. Consideraron que discrimina a los trabajadores, a quienes la Corte define como “sujetos de preferente tutela”, porque les otorga por la mora una reparación muy inferior a la que recibe cualquier otro acreedor y, además, por el solo hecho de haber ido a la Justicia.
Los números que expusieron los jueces
Para ilustrar la diferencia, los magistrados disidentes hicieron la cuenta de este expediente: entre el despido, en marzo de 2017, y agosto de 2026, el IPC subió 11.980%, la tasa pasiva que impone la ley arroja un 5.930% y la Tasa de Intereses Moratorios (TIM) del BCRA, que se aplica al resto de las deudas, da 12.186%.
Con el voto de la mayoría, según la nueva Ley de Modernización Laboral, por cada 100 pesos de 1987 le correspondería al trabajador en 2017 unos 10.400 pesos. Según la minoría, esos 100 pesos se convierten en unos 12.290 pesos.
El fallo define qué regla se usa en los juicios laborales que ya estaban en trámite cuando se sancionó la norma. Cuando un trabajador gana un juicio por despido, el dinero de la indemnización debe actualizarse desde el momento en que debió pagarse hasta el cobro efectivo para no perder valor frente a la inflación. La mayoría del tribunal resolvió que la fórmula fijada por el Congreso es válida para esas causas pendientes.