Cobraron la tasa vial durante años, pero los caminos no aparecían: la Justicia dijo basta
Economía

Cobraron la tasa vial durante años, pero los caminos no aparecían: la Justicia dijo basta

La Justicia confirmó que el municipio de Daireaux cobró la tasa vial durante años sin poder demostrar que los caminos estaban en condiciones. El fallo, que ya es un precedente para otros distritos, dejó al descubierto una desproporción del 27,88% entre lo recaudado y lo invertido en 2023. ¿Qué pasará ahora con los recursos?

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín confirmó un fallo que anuló el cobro de la tasa de mantenimiento de caminos rurales en Daireaux y sentó un precedente para otros municipios bonaerenses. El tribunal declaró desierto el recurso del municipio y ratificó que es el Estado quien debe probar que presta el servicio y destina los fondos a ese fin.

La resolución, dictada el 20 de octubre pasado, llega tras años de reclamos de un grupo de productores que consideraban que la tasa era cara y no se reflejaba en el estado de los caminos. La causa, caratulada “Cornejo, Pedro José y otros c/ Municipalidad de Daireaux s/ Pretensión Anulatoria”, tuvo su origen en la vía administrativa en 2022 y desembarcó en la Justicia a fines de 2023.

Qué encontraron los peritajes

Dos informes fueron clave en el expediente. Una pericia de ingeniería reveló que el 96% de los caminos relevados estaba en estado regular o malo. En paralelo, una auditoría contable detectó irregularidades en el manejo de los fondos municipales.

El juez de primera instancia, Pablo Cristian Germain, del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Trenque Lauquen, también analizó las diferencias entre lo recaudado y lo invertido: para 2022 la desproporción fue del 22,95%, y para 2023 trepó al 27,88%. Con esas pruebas, dispuso la nulidad total del cobro para una productora que no tenía acceso vial en condiciones, y una nulidad parcial para otros demandantes, con reliquidación de importes.

El argumento municipal que no prosperó

El municipio apeló el fallo y sostuvo que los ingresos podían administrarse bajo el sistema de “unidad de caja”. La Cámara rechazó ese planteo: recordó que “los ingresos atribuibles a una tasa no son de libre disponibilidad” y que aceptar que el dinero de un servicio divisible financie otras actividades desnaturalizaría la obligación tributaria.

También ratificó que la carga de la prueba recae sobre el Estado. Citando la doctrina del fallo “Quilpe” de la Corte Suprema, el tribunal señaló que no es el productor quien debe demostrar que el municipio no mantiene los caminos, sino que es el municipio quien debe acreditar que efectivamente presta el servicio. Esa obligación, aclaró, no exige una demostración imposible ni el detalle de cada trabajo realizado.

En cuanto al acceso, la sentencia estableció que para que el cobro sea constitucionalmente válido debe existir “al menos, mínimos requisitos de eficacia”, es decir, un camino en condiciones razonables que permita llegar al inmueble y retirar la producción. La evaluación debe hacerse parcela por parcela, sin exigir que toda la red esté en idénticas condiciones.

Qué dicen los productores

Jorge Moroni, abogado que patrocina a los productores, explicó a LA NACION que el caso nació de un grupo de pioneros de Daireaux que en 2022, con el patrocinio de Juan Pedro Merbilhaa, iniciaron el cuestionamiento administrativo. “Estos juicios son de los pioneros de Daireaux que, en 2022, con el patrocinio de Juan Pedro Merbilhaa, iniciaron el cuestionamiento administrativo de las tasas, considerándolas caras y señalando que no se veían reflejadas en los caminos rurales”, contó.

Para Moroni, el fallo de la Cámara es importante porque ratifica criterios que pueden influir en otras causas. “Todos los argumentos que había utilizado la Municipalidad para apelar la sentencia fueron desechados. La Cámara entendió que no eran suficientes para conmover el fallo de primera instancia”, afirmó.

El letrado también destacó que la resolución deja en claro que cualquier desproporción entre lo recaudado y lo invertido es ilegítima. “Toda desproporción entre lo que el municipio recauda y lo que efectivamente invierte termina siendo ilegítima”, sostuvo, y agregó que si una pericia demuestra que parte de los recursos se destinó a otros gastos, ese desvío debe considerarse al determinar el monto exigible.

La disputa continúa

A pesar de la confirmación, el caso podría seguir. Tanto el municipio como los productores presentaron recursos extraordinarios contra la resolución. La intendencia busca una revisión del fallo, mientras que la parte actora cuestiona la interpretación de las pruebas respecto de dos establecimientos. Según Moroni, la Justicia consideró que tenían una salida razonable, pero para llegar a la ruta debían atravesar el campo de otro demandante que no contaba con acceso propio. “Hubo una interpretación equivocada de la prueba y de la geolocalización de los caminos rurales”, concluyó.

El fallo se da en un contexto de creciente judicialización de los reclamos por tasas municipales en el interior bonaerense. Según el abogado, el primer pronunciamiento de Daireaux impulsó a otros productores a iniciar demandas similares, y los criterios ratificados por la Cámara podrían tener influencia en los expedientes que tramitan en la región.

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