Coimagate: 24 nuevos procesados y un sobreprecio que ya roza los $8.000 millones

El juez Ariel Lijo sumó 24 nuevos procesamientos en el Coimagate, la causa que investiga la trama de corrupción que operó en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo el gobierno de Javier Milei. La resolución, de 553 páginas, también dejó al descubierto que los sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos ya alcanzan los $7.833.872.357,24, una cifra parcial que, según el propio magistrado, podría crecer.

La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi se bifurcó en dos ejes: por un lado, las compras direccionadas en el organismo; por el otro, las maniobras de lavado que buscaban dar apariencia legal al dinero obtenido de forma irregular. A los 24 procesamientos de este viernes se les suman los 19 que había dictado el primer juez de la causa, Sebastián Casanello.

Una organización con jerarquías y roles definidos

En su resolución, Lijo describió el funcionamiento de una "organización delictiva" integrada por funcionarios y agentes de la ANDIS —con Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini a la cabeza—, operadores externos como Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, empresarios proveedores beneficiados con adjudicaciones millonarias y personas encargadas de recibir y canalizar los fondos.

Spagnuolo, amigo íntimo de Milei y su abogado hasta que estalló el escándalo, estuvo al frente de la ANDIS desde el 28 de diciembre de 2023 y fue desplazado el 21 de agosto de 2025, después de que se filtraran audios en los que se lo escucha hablar de una red que recaudaba un 3% de coimas para Karina Milei. Ya había sido procesado en febrero por el primer tramo del expediente, donde se analizaron las compras de medicamentos.

Qué se investigó en esta segunda etapa

El segundo tramo de la pesquisa puso la lupa sobre dos cuestiones. La primera es la adquisición de insumos: según Lijo, las nuevas pruebas permitieron determinar que el esquema ilegal no se limitó a los medicamentos, sino que se replicó en seis segmentos —amputaciones, cardio, implantes auditivos y audífonos, neuro, sillas y andadores, y traumatología— con otras personas y empresas bajo la misma modalidad.

La segunda es el blanqueo de los fondos. Allí aparecen el empresario Sergio Mastropietro, exsocio de Federico "Fred" Machado —el financista de José Luis Espert detenido en Estados Unidos por lavado de activos y fraude electrónico—, y Alan Pocovi, vinculado a la familia Menem. En este capítulo se investigan facturas truchas, transferencias millonarias e inversiones en criptoactivos.

De los 24 procesamientos, cinco son ampliaciones para personas que ya habían sido procesadas en el primer tramo: Spagnuolo, Garbellini, Calvete, Andrés Arnaudo y Federico Santich. El resto no tenía imputaciones previas. Además, Lijo dictó 11 faltas de mérito sobre un total de 35 personas indagadas a pedido de Picardi.

Los sobreprecios, contrato por contrato

Los procedimientos examinados en los seis segmentos de insumos involucraron órdenes de compra y contrataciones por más de $82.881.754.989. Según la resolución, las adjudicaciones se concentraron en pocas manos: en amputaciones, las empresas de la familia Sagues recibieron cerca del 53% de las compulsas examinadas; en cardio, Farma Salud S.R.L. reunió alrededor del 90% de los importes; en neuro, desde abril de 2025, Neurosalud S.A. y Farma Salud S.R.L. concentraron cerca del 90% de las sumas del período; y en sillas y andadores, cuatro proveedores se quedaron con el 70% del monto analizado.

El relevamiento permitió acreditar sobreprecios en insumos por $1.849.277.963, a los que se suman los $5.984.594.394,24 detectados en medicamentos. Lijo aclaró que se trata de un piso: la auditoría no abarcó la totalidad de las compulsas y adjudicaciones, por lo que la magnitud de la maniobra podría ser considerablemente mayor.

Un informe técnico de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud del Ministerio de Salud, fechado el 10 de abril, comparó las operaciones de la ANDIS con compras de otros organismos públicos. Entre los ejemplos que citó el juez, Farma Salud S.R.L. facturó $425.000.000 por un sistema de válvulas bicaval cuando el PAMI compró uno similar por $124.200.000, y $369.800.000 por una endoprótesis aortobílica junto a una ilíaca bifurcada frente a una referencia de $17.850.000. En el caso de Imnova S.A., una silla de traslado postural se facturó en $18.000.000 cuando una alternativa nacional comparable costaba $945.000.

El rol de cada jefe de la trama

Para Lijo, Spagnuolo ocupó "una posición jerárquica que resultó esencial para el armado y el funcionamiento del esquema ilícito". Le amplió el procesamiento sin prisión preventiva como jefe de la asociación ilícita por los hechos vinculados a las contrataciones de insumos, por negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada, con un embargo de $47.100.829.143,44.

Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud entre junio de 2024 y agosto de 2025 y responsable del Programa Incluir Salud, también recibió una ampliación por los mismos delitos, con un embargo de $47.004.734.143. El juez sostuvo que su intervención operativa en las contrataciones, la administración de proveedores a través del sistema SIIPFIS y su vínculo directo con Calvete permiten presumir que continuó cumpliendo una función similar a la que se le atribuyó en el primer pronunciamiento.

Calvete, en cambio, no tenía cargo formal en la agencia. Según la investigación, actuó como operador externo: dirigía las contrataciones en beneficio de sus propias empresas y de otras vinculadas, y ejercía influencia sobre los funcionarios a cambio de retornos de entre el 12% y el 20% de las cotizaciones. Su ampliación incluyó negociaciones incompatibles, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos, con un embargo de $47.139.549.551.

Los empresarios y los faltantes de mérito

Entre los 17 procesados que no venían del tramo anterior hay tres integrantes de la ANDIS —Fabián Parlakian, Matías Bertola y Alberto Denholm— y Lautaro Britez, hijo de Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete, señalado como encargado de movilizar el dinero producido por las maniobras.

Los otros 13 son representantes de empresas beneficiadas con adjudicaciones millonarias: Mariano, Christian y Vicente Sagues (Laboratorio Ortopédico Sagues, Probock y Prolite Orthopedics); Patricio Acosta (Profarma, Bymax Medical y Sistemas Médicos Globales); Emilio Olguín (Expo Trauma); Evangelina García (Artrobone Ortopedia); Claudio Kahn (Cirugía Alemana Insumos Médicos); Martín Armella (Artrobone y Cirugía y Ortopedia Imnova); Osmar Caballi (Farma Salud); Humberto Maone (Med-El Latinoamérica); Nicolás Luna (Meridius); Fabián Piedimonte (Neurosalud); y Gustavo Bernat (Ortopedia Bernat y Medical Implants).

Las 11 faltas de mérito alcanzaron a Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Pablo Rivero, Diego Acosta, Javier Bernat, Fernando Bernat, Vicente Vázquez, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello y Lucas Sagues.

El lavado: facturas de "kilómetros" y visitas a la casa de Spagnuolo

Según Lijo, parte del dinero obtenido de forma ilícita por Calvete habría sido derivado a Pocovi, a Mastropietro y a Baires Fly S.A., la firma vinculada a este último, para disimular su origen. Ambos habrían estado a cargo de la recaudación y del blanqueo.

Las pruebas salen de uno de los celulares secuestrados a Calvete. De allí surgen diálogos, transferencias millonarias e inversiones de Pocovi en criptomonedas a través de la aplicación Neblockchain. También quedaron registradas las visitas de Kevin Pocovi, hermano de Alan, al domicilio de Spagnuolo en el barrio Altos de Campo Grande: al menos cinco veces durante 2024, los días 21 y 22 de enero, 4 de febrero, 9 de marzo y 26 de mayo.

Mastropietro también visitó a Spagnuolo: ingresó al lote 180 del barrio los días 30 de marzo y 3 de mayo de 2025, fechas en las que además concurrieron Calvete y Muñoz. El empresario mantenía una relación previa con Calvete y había constituido junto a Lorena Di Giorno la sociedad Megastática S.A.S., con domicilio coincidente con el de Indecomm S.R.L., la firma de Calvete.

Lo que más lo compromete son las facturas. A través de Baires Fly, Mastropietro habría recibido fondos de proveedores de la ANDIS a cambio de emitir facturas por supuestos servicios, en operaciones intermediadas por Calvete. Entre ellas, facturas por "compra de kilómetros nacionales para ser utilizado en aeronaves de la empresa" enviadas a Prolite Orthopedics, Probock y Profarma. Según datos de ARCA (exAFIP), Baires Fly facturó a Indecomm, Probock, Prolite Orthopedics, Profarma y Resposane Salud por $1.097.248.516 durante el período analizado.

Para el juez, Pocovi no se limitó a recibir dinero ocasional: hubo "una sucesión de actos de recepción, administración, transferencia y distribución de fondos" que permiten sostener que conocía la naturaleza irregular de las operaciones. Sobre Mastropietro, sostuvo que intervino personalmente en el direccionamiento de transferencias hacia Baires Fly y en la producción de la documentación que las respaldaba. A ambos los procesó por integrar la asociación ilícita y por lavado de activos junto a Calvete, con embargos de $889.518.368 y $4.010.254.064, respectivamente.

La causa no termina acá: se esperan apelaciones de las partes y la intervención de la Cámara Federal porteña, que deberá ratificar o rectificar lo resuelto en primera instancia.