Colectivos en Salta: la intimación que recibieron las empresas por la falta de fondos

La crisis del transporte público de Salta sumó un nuevo capítulo: SAETA intimó a las empresas a garantizar el servicio pese a que reconocen un déficit operativo y gestionan una asistencia financiera extraordinaria ante el Gobierno provincial.

Según una nota oficial fechada el 3 de septiembre, las empresas subconcesionarias ya habían advertido dos días antes que, de mantenerse el escenario económico, podrían quedar imposibilitadas de garantizar la prestación.

Las operadoras aseguran que todavía les resta cobrar cerca del 80% de los fondos correspondientes a julio, a lo que se suman compromisos de agosto. Ese atraso, según sostienen, afecta gastos indispensables como combustible, mantenimiento, repuestos y los compromisos con proveedores.

Quiénes están en la mira

El documento está dirigido a representantes de Transporte Automotor del Valle, El Cóndor, Transporte San Ignacio, Transal, Ale Hermanos, Eduardo Ale, Alto Molino, Ahynarca y Eduardo Ale UTE, entre otras firmas que integran el sistema.

La respuesta firmada por el presidente de SAETA, Claudio Mohr, hace referencia directa a una presentación realizada por las compañías el 1 de septiembre. En esa presentación, las empresas manifestaron que, de mantenerse las circunstancias económicas expuestas, podrían encontrarse imposibilitadas de garantizar la continuidad de los servicios a su cargo.

Qué pide SAETA

Frente a esa advertencia, el organismo reconoció que está realizando gestiones ante el Gobierno de la Provincia de Salta para conseguir una "asistencia financiera extraordinaria" destinada a cubrir el déficit operativo del sistema. También sostuvo que viene efectuando transferencias a las operadoras "conforme a los recursos efectivamente disponibles".

Pese al escenario financiero, SAETA dejó en claro que los contratos continúan vigentes y que las empresas deben garantizar el funcionamiento de los corredores. En el escrito se les exige adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la continuidad, regularidad y adecuada prestación del servicio, "evitando cualquier suspensión, reducción o alteración unilateral" que pueda afectar a los pasajeros.

La respuesta no se limitó a solicitar que los colectivos sigan circulando. El organismo señaló que cualquier incumplimiento de las obligaciones asumidas será analizado de acuerdo con los contratos vigentes y el marco jurídico aplicable.

SAETA también aclaró que sus gestiones para conseguir fondos y los pagos que realiza en función de los recursos disponibles no pueden ser interpretados como una dispensa, modificación, renuncia o suspensión de las obligaciones contractuales de las operadoras.