Colegios privados con plata del Estado: el proyecto que cambia las reglas de las vacantes

Un proyecto de ley que acaba de ingresar a la Legislatura de Neuquén propone que los colegios privados que reciben subsidios estatales estén obligados a reservar vacantes totalmente gratuitas para estudiantes de sectores vulnerables. La iniciativa fue presentada por el ciudadano Juan Mariano Iturbide.

Según su autor, la propuesta busca garantizar el acceso a esas vacantes para chicos de la comunidad que hoy no pueden pagar una cuota. Para lograrlo, la normativa alcanzaría a todos los establecimientos educativos de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial que perciban fondos públicos para financiar total o parcialmente los salarios docentes u otros gastos de funcionamiento.

¿Cuánto reciben hoy los colegios privados de Neuquén?

En los fundamentos del proyecto, Iturbide señala que en la provincia hay colegios privados que reciben aportes estatales parciales e incluso del 100% para sostener sus plantas docentes. Como antecedente directo, cita el Decreto Provincial N.º 875/2024, mediante el cual el Poder Ejecutivo convalidó la Resolución N.º 412/2024 del Consejo Provincial de Educación.

Esa norma reconoce explícitamente que el financiamiento público otorgado a ciertos establecimientos privados se fundamenta en la función social que estos desarrollan en sectores de vulnerabilidad socioeconómica.

Quiénes tendrían prioridad para esas vacantes

El autor añade que el espíritu del proyecto apunta a que esa función social se traduzca de forma concreta en la reserva de un porcentaje de vacantes gratuitas. Esos cupos estarían destinados de forma prioritaria a estudiantes provenientes de hogares con bajos ingresos, personas con discapacidad, familias numerosas y otros grupos vulnerables que defina la autoridad educativa.

El documento aclara que la iniciativa no elimina los subsidios vigentes, no altera la naturaleza jurídica de las instituciones privadas ni interfiere con su ideario institucional.

El propósito fundamental, según los fundamentos, es fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos y asegurar que el esfuerzo financiero del Estado se traduzca en una contraprestación directa para quienes más lo necesitan. En ese sentido, Iturbide estima que de aprobarse la norma, las instituciones deberán vincular el financiamiento recibido con un beneficio directo y verificable para la sociedad.