Comedores escolares: denuncian maniobra del Gobierno y piden que la Corte anule la apelación

La pelea por los comedores escolares en Entre Ríos sube de tono. Agmer, la Fundación Cauce y un grupo de padres exigen a la Corte que tire abajo la apelación del Gobierno y que la cautelar que frenó el nuevo sistema siga vigente.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la ONG ambientalista Fundación Cauce y un grupo de padres presentaron un escrito ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que declare la nulidad de la resolución del juez de juicio Juan Francisco Malvasio. Ese fallo había concedido al Gobierno provincial la posibilidad de apelar la medida cautelar que suspendió la implementación del nuevo sistema de provisión de insumos para desayunos y meriendas en los comedores escolares.

¿Qué piden exactamente?

En el extenso documento, los demandantes solicitan que el STJ anule tanto la concesión del recurso de apelación como la elevación de las actuaciones al alto cuerpo. Además, piden que se devuelva el expediente al juez Malvasio y que la cautelar siga plenamente vigente y ejecutable.

El conflicto se originó cuando la Fiscalía de Estado apeló la decisión de Malvasio, que hizo lugar a una medida cautelar y frenó el nuevo mecanismo de provisión de alimentos, licitado y adjudicado a la empresa Teknofood SA. El sistema debía comenzar a funcionar a principios de este mes, pero la justicia lo suspendió.

¿Qué dijo el Gobierno para apelar?

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, firmó el escrito de apelación argumentando que la resolución del juez “importa una injerencia judicial en el ejercicio de potestades administrativas que no se encuentran controvertidas”. Sostiene que no se cuestionó la legitimidad del procedimiento administrativo y que la decisión “excede el marco de conocimiento de la causa”.

Sin embargo, la resolución de Malvasio fue dictada con efecto devolutivo, es decir, sin suspender la cautelar. Ahora, la discusión sobre el fondo del asunto se trasladará al STJ.

La cautelar ordena al Gobierno que, hasta que se dicte sentencia definitiva, se abstenga de ofrecer, servir o distribuir en las escuelas públicas productos alimenticios que tengan sellos de advertencia según la Ley 27.642. También exige garantizar la provisión de alimentos sin esos sellos, bajo la modalidad anterior al sistema centralizado.

El juez Malvasio aclaró que su decisión no implica opinar sobre el fondo de la controversia, sino proteger la salud de los niños mientras dure el proceso. “La ponderación conjunta del principio precautorio, el interés superior del niño, la tutela judicial efectiva y la protección reforzada del derecho a la salud permiten concluir que la demora propia del proceso podría frustrar la eficacia de la decisión final”, señaló.