Comedores escolares: el durísimo dictamen que complica al Gobierno en la Justicia

La Defensoría Pública N° 14 de Entre Ríos avaló el amparo colectivo contra el contrato con Teknofood SA para los comedores escolares. El dictamen sostiene que la provisión de alimentos industrializados podría dañar la salud de los niños. El defensor Arnoldo César Ceferino Lobbosco se pronunció a favor de la medida cautelar solicitada por padres, Agmer y la Fundación Cauce.

¿Qué dice el dictamen?

Lobbosco sostiene que “la provisión de alimentos industrializados con sellos de advertencia, sin justificación técnica y en contradicción con la normativa de alimentación saludable, configura una omisión antijurídica que hace previsible la producción de daños a la salud de los niños, niñas y adolescentes”. En el documento, al que accedió Entre Ríos Ahora, el funcionario remarcó que no corresponde a los actores demostrar los daños, sino que es el Estado quien debe acreditar con evidencia científica seria que la nueva modalidad mantiene el estándar nutricional.

¿Quiénes están detrás del amparo?

La acción fue iniciada por un grupo de padres de niños que concurren a comedores escolares, junto a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y la ONG ambientalista Fundación Cauce. Los demandantes lograron frenar la aplicación del contrato firmado por el Gobierno provincial con Teknofood SA para distribuir insumos de desayunos y meriendas.

¿Por qué la Defensoría avala la legitimación de los actores?

Lobbosco contradijo a la Fiscalía de Estado, que había cuestionado la legitimación de los demandantes. En su dictamen, el defensor enumeró los fundamentos: los padres están habilitados por el Código Civil y Comercial para defender a sus hijos; Agmer tiene personería gremial y representa a los docentes, que son corresponsables del funcionamiento del comedor; y Fundación Cauce, aunque ambientalista, tiene por objeto la tutela de derechos humanos, incluyendo la salud y la alimentación de los menores.

¿Qué argumenta sobre el rol de la Justicia?

El defensor también respondió a las críticas del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, quien consideró que la Justicia invadía terreno del Ejecutivo. Para Lobbosco, el Poder Judicial debe ejercer el control de constitucionalidad y legalidad, especialmente cuando se alega una vulneración de derechos fundamentales. “La cuestión planteada no busca sustituir el criterio técnico de la administración, sino controlar si la modificación general del sistema alimentario fue precedida por una evaluación suficiente”, explicó.

El defensor subrayó que la implementación de un nuevo sistema uniforme de desayunos y meriendas, con productos industrializados que podrían tener sellos negros de advertencia, está prohibido por ley en entornos escolares. “Cada jornada escolar durante la cual miles de niños reciben una prestación alimentaria cuya adecuación nutricional no ha sido suficientemente acreditada constituye un daño potencialmente irreparable”, enfatizó.

Finalmente, Lobbosco concluyó que la sustitución de alimentos frescos por industrializados, sin justificación técnica suficiente, representa una modificación sustancial del nivel de protección alcanzado. El Estado deberá demostrar, con evidencia científica seria, que el nuevo régimen mantiene o mejora el estándar anterior.