Comedores escolares: qué resolvió la Justicia sobre el sistema que cambiaron en Entre Ríos

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ratificó la vigencia de la ley nacional y provincial en la causa por los comedores escolares y aclaró que el fallo no sustituye las facultades de la Administración Pública. La resolución, dada a conocer este jueves, pone fin a meses de interpretaciones cruzadas y deja en claro que las medidas sobre el sistema de alimentación escolar continúan y que el Gobierno provincial mantiene sus atribuciones para llevar adelante esta política pública.

El origen del conflicto es conocido. La Provincia resolvió pasar de un esquema descentralizado, en el que cada establecimiento gestionaba sus compras de desayunos y meriendas, a un modelo de contratación centralizada orientado a garantizar trazabilidad y mecanismos de control. Los almuerzos, en cambio, siguen bajo el esquema descentralizado.

Quiénes cuestionaron la decisión

La medida fue impugnada judicialmente por un grupo de padres, por AGMER y por la Fundación CAUCE. En primera instancia, la Justicia reconoció que la organización de la política alimentaria escolar y la determinación de los mecanismos para implementarla corresponden al Poder Ejecutivo, y fijó como obligación el cumplimiento de las normas de alimentación saludable.

Ahora el máximo tribunal provincial precisó el alcance de esa decisión: la obligación del Estado no se limita a excluir productos con sellos de advertencia, sino que la prestación alimentaria debe ajustarse a los estándares de alimentación saludable previstos por la Ley Provincial 10.594.

Qué dice el fallo sobre las facultades del Ejecutivo

El otro punto central de la resolución es que la Justicia no reemplaza al Poder Ejecutivo en la definición de los mecanismos técnicos y organizativos para alcanzar ese estándar. El propio Tribunal señala expresamente que determinar los medios concretos para implementar la política sigue dentro de la esfera de competencia de la Administración.

Esto implica que el fallo no ordena volver al sistema anterior ni deja sin efecto la decisión de la Provincia de avanzar hacia un nuevo modelo. Lo que establece es que ese proceso debe desarrollarse cumpliendo los estándares de alimentación saludable que fija la normativa vigente.

El fallo reconoce las facultades del Gobierno provincial para organizar esta política pública y, al mismo tiempo, precisa con mayor detalle el estándar que debe garantizarse, según la lectura de Julio Rodríguez Signes, Fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos.