Comisión investigadora contra Marcelo Lima: qué pasó en la primera reunión secreta
¿Qué se decidió en la primera reunión de la comisión que investiga a Marcelo Lima? Conocé los detalles del pacto de confidencialidad y los próximos pasos del proceso.
La Legislatura de San Juan puso en marcha el mecanismo para definir la suerte del ministro de la Corte, Marcelo Lima. Los cinco diputados que integran la comisión investigadora ya firmaron un pacto de confidencialidad y tienen 40 días para recolectar pruebas.
Este miércoles por la mañana, la comisión investigadora de la Sala Acusadora se reunió por primera vez para tomar conocimiento formal de la denuncia presentada por el abogado Nicolás Fiorentino contra el magistrado. En ese encuentro, además de interiorizarse sobre el expediente, se designaron las autoridades del cuerpo.
La comisión quedó integrada por las diputadas Sonia Ferreira, Alejandra Leonardo, Marisa López y Marcela Quiroga, y el diputado Mario Herrero. Según informó Alejandro Fredes, la secretaria será la diputada Leonardo. A partir de ahora, todos los miércoles se reunirán para avanzar con el análisis del pedido de juicio político.
¿Qué pasará con la información?
Uno de los puntos más llamativos de esta primera reunión fue la decisión de mantener en secreto el contenido de las deliberaciones. Los legisladores firmaron una declaración de confidencialidad que les impide revelar avances, alternativas o decisiones mientras dure la investigación.
Esto significa que la prensa no tendrá acceso a los pormenores del trabajo interno. Recién cuando la comisión se expida, la Sala Acusadora, presidida por el diputado Juan de la Cruz Córdoba, decidirá qué información se hace pública.
¿Cómo sigue el proceso?
El camino hacia un eventual juicio político tiene varias etapas. Tras la denuncia de Fiorentino, la Sala Acusadora derivó el expediente a la comisión investigadora, que ahora tiene un plazo perentorio de 40 días corridos para reunir pruebas documentales y testimoniales, y también para convocar a Marcelo Lima a ejercer su defensa.
Si al finalizar la investigación el informe sugiere avanzar y la Sala Acusadora lo aprueba por mayoría absoluta, el magistrado quedaría suspendido de manera automática y sin goce de haberes. El caso pasaría entonces a la Sala Juzgadora de la Legislatura, que actuaría como tribunal de sentencia y tendría un plazo máximo e improrrogable para decidir entre la absolución o la destitución del funcionario.
