En Puerto Esperanza, sacar la moto con el escape adulterado ya no se arregla pagando: la ordenanza que se viene les pega directo en el bolsillo a los dueños y a quienes la manejan, y el castigo que eligió el municipio no admite vuelta atrás. Lo que muchos no tienen en cuenta es quién termina pagando los gastos.
En Puerto Esperanza, los vecinos que venían soportando el estruendo de motos con escapes adulterados tienen una novedad que puede cambiarles el día a día. El municipio aprobó un régimen que elimina cualquier atajo para recuperar el vehículo: no hay multa, reparación ni recambio de escape que valga. La moto decomisada se destruye, sin excepciones.
La norma es la Ordenanza 30/2026, que el Concejo Deliberante sancionó el 8 de octubre y el Ejecutivo promulgó el 20 de ese mes. El texto salió publicado este miércoles 11 de noviembre en el Boletín Oficial de Misiones y empezará a regir el 11 de diciembre, treinta días después de esa publicación.
El objetivo declarado es atacar la contaminación sonora y las conductas que rompen la convivencia, en especial las motos que producen detonaciones, contraexplosiones o ruidos que superan abiertamente lo que corresponde al modelo.
Qué pasa si te agarran con el escape modificado
La ordenanza abarca a motocicletas, ciclomotores y cualquier motovehículo que circule sin silenciador, con escapes perforados, recortados, abiertos o modificados, o con mecanismos electrónicos o mecánicos pensados para hacer detonar. También incluye los sistemas que permiten subir o bajar el ruido a voluntad con dispositivos móviles, regulables o de derivación.
Uno de los puntos que más cambia la práctica es que los inspectores podrán retener la moto sin medir decibeles en el lugar. Alcanza con comprobar que falta el silenciador, que hay una alteración visible en el escape o que se producen contraexplosiones a propósito.
Cuando eso ocurre, el vehículo completo se traslada al depósito y se da intervención al Juzgado Municipal Administrativo de Faltas. Las actuaciones deben llegar a ese juzgado dentro de las 24 horas hábiles posteriores al procedimiento, salvo que exista una imposibilidad material documentada.
La sanción no se puede canjear por trabajos comunitarios, por una multa en pesos ni por arreglar el caño después. La única salida prevista es el decomiso definitivo y la destrucción total, sin importar cilindrada, antigüedad, valor de mercado ni estado de conservación.
Si la moto no es tuya, igual la podés perder
El decomiso también aplica cuando quien maneja no es el dueño registral. En ese caso, la ordenanza manda citar al titular, que tiene derecho a defenderse y presentar pruebas.
Hay excepciones acotadas: si se acredita que antes de la infracción la moto había sido robada, hurtada o sustraída por otro medio ilegítimo, o si existe una orden judicial vigente que impida disponer del bien.
Pero no alcanza con decir que la moto estaba vendida, prestada o usada sin conocimiento del dueño. Sin documentación fehaciente anterior a la infracción, el decomiso avanza igual.
Además, los gastos de traslado, depósito, custodia, descontaminación, baja registral y destrucción pueden quedar a cargo solidario del infractor y del titular registral, con las excepciones que fija la propia norma.
La moto no se destruye al otro día
Aunque la retención preventiva es obligatoria cuando se comprueban las condiciones, la destrucción no es automática. El Juzgado Municipal Administrativo de Faltas debe garantizar la citación del conductor y del propietario, el acceso a las actuaciones, la posibilidad de hacer un descargo y de presentar pruebas antes de resolver con fundamentos.
La destrucción definitiva recién se concreta cuando la sentencia de decomiso queda firme y se agotan los plazos para apelar. El método puede ser aplastamiento, compactación, trituración u otro que impida que el vehículo vuelva a circular o a reutilizarse. Antes se retiran combustibles, aceites, baterías y otros componentes contaminantes.
El material resultante puede venderse como chatarra y lo que se obtenga en limpio debe ir a programas municipales de seguridad vial, control de tránsito y protección ambiental.
Un paso más duro que el de abril
Puerto Esperanza ya venía aplicando medidas contra los escapes modificados. En abril de este año, el municipio destruyó 32 escapes incautados en controles de tránsito. La diferencia es que ahora la destrucción no se limita al dispositivo: se lleva puesta la moto entera.
Durante los 30 días previos a la entrada en vigencia, el Ejecutivo municipal debe desarrollar una campaña de difusión para avisar a conductores y propietarios sobre las nuevas prohibiciones y sus consecuencias.
