Personas expuestas políticamente, beneficiarios finales y un trámite anual que se cae: los Registros Públicos mendocinos reescribieron las reglas para inscribir ciertas operaciones. Qué deberán declarar los escribanos y desde cuándo.
Las operaciones inmobiliarias en Mendoza entraron en una nueva etapa de control. A través de la Disposición Técnico Registral Conjunta N.º 7, los Registros Públicos de la provincia fijaron requisitos adicionales para identificar a quienes participan en ciertos actos y así prevenir el lavado de activos. La norma rige para operaciones autorizadas desde el 8 de noviembre de 2026 y pone el foco en el trabajo de los escribanos al momento de inscribir los documentos.
La medida salió publicada en el Boletín Oficial de Mendoza del viernes 13 de noviembre. La dictaron las direcciones de Registros Públicos y Archivo Judicial de las cuatro circunscripciones judiciales mendocinas.
Personas expuestas políticamente: la nueva pregunta obligada
Uno de los cambios centrales es que los escribanos deberán informar si alguno de los intervinientes en las operaciones alcanzadas reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP). Esa categoría abarca a quienes ejercen o ejercieron determinadas funciones públicas, además de otros sujetos contemplados por la normativa.
Ese dato tendrá que quedar asentado en la solicitud de inscripción de los documentos correspondientes a las actividades que regula la Unidad de Información Financiera (UIF).
Empresas compradoras: quién está detrás
La disposición también suma exigencias cuando el adquirente es una persona jurídica o una estructura jurídica. En esos casos, y siempre que se trate de una actividad alcanzada, habrá que presentar una declaración que permita identificar a los beneficiarios finales.
La finalidad es clara: saber qué personas humanas son las que, en definitiva, poseen o controlan a las entidades que participan de la operación. El trámite puede hacerse con el formulario que aprobaron los Registros Públicos o mediante la solicitud digital de inscripción, según corresponda.
Qué pasa si falta la información
La normativa aclara que la ausencia de esos datos no será motivo para observar registralmente el documento. Si se detecta una omisión, el área interviniente deberá comunicarla de manera inmediata al Oficial de Cumplimiento, que actuará según las disposiciones vigentes.
Se termina el empadronamiento anual
Otro de los puntos salientes es la eliminación del empadronamiento anual que preveía la reglamentación anterior, un trámite que se hacía en octubre de cada año. En su lugar quedan controles atados directamente a las operaciones comprendidas en el régimen preventivo.
Con este cambio, los Registros Públicos dejan de verificar la constancia de inscripción de los profesionales ante la UIF y concentran su tarea en identificar a las personas políticamente expuestas y a los beneficiarios finales.
La medida adapta los procedimientos provinciales a la Resolución UIF 93/2026, que instauró un sistema de controles basado en riesgos. Además, deja sin efecto tres disposiciones registrales anteriores, de 2014 y 2023.
Un punto importante para no confundirse: los nuevos requisitos no abarcan a todas las compraventas de propiedades por igual. Solo alcanzan a los actos que encuadren en las actividades específicas contempladas por la normativa nacional.
