700 salarios mínimos, un formulario con nombre y apellido y una pregunta incómoda: si quien compra es persona políticamente expuesta. La nueva regla que ya rige en Mendoza para las operaciones inmobiliarias.
Los Registros de la Propiedad de Mendoza cambiaron las reglas para un grupo de operaciones inmobiliarias y ahora la pregunta central no es solo cuánto se paga, sino quién está detrás de la operación. La modificación apunta a reforzar la prevención del lavado de dinero.
La medida quedó formalizada con la Disposición Técnico Registral Conjunta 7/2026, que salió publicada en el Boletín Oficial provincial del miércoles 11 de noviembre. La firmaron las direcciones de Registros Públicos y Archivo Judicial de las cuatro circunscripciones judiciales de Mendoza, con el objetivo de alinear los procedimientos locales con las nuevas exigencias de la Unidad de Información Financiera (UIF).
El umbral que activa los controles
El anexo de la norma fija un piso claro: las compraventas inmobiliarias que superen los 700 salarios mínimos, vitales y móviles pasan a considerarse actividades específicas sujetas a estos controles. El mismo criterio rige para las adquisiciones de vivienda única hechas con intervención de bancos oficiales cuando el monto supera ese importe.
Pero el alcance va más allá de la compraventa clásica. La disposición también abarca los aportes de inmuebles al capital de sociedades, los aumentos y reducciones de capital, las fusiones, escisiones, transformaciones y liquidaciones societarias.
En el universo de los fideicomisos inmobiliarios, la norma incluye distintas transferencias de dominio fiduciario, las sustituciones de fiduciarios, las transferencias realizadas para cumplir condiciones del contrato y las prórrogas de esos instrumentos, entre otros actos.
Qué deberán declarar los compradores
Uno de los cambios de fondo es la obligación de consignar si quienes intervienen en las operaciones alcanzadas revisten la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEP). Esa categoría abarca a quienes desempeñan o desempeñaron determinadas funciones públicas y a otras personas contempladas en la regulación nacional.
A eso se suma la presentación de una declaración de beneficiarios finales cuando, en las operaciones alcanzadas, intervengan como adquirentes personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. La finalidad es identificar a las personas humanas que poseen o controlan esas entidades, ya sea de manera directa o indirecta.
Para esos casos, los escribanos deberán acompañar un formulario con los datos de quienes están detrás de las sociedades o estructuras jurídicas. La declaración pide nombre y apellido, identificación, domicilio, nacionalidad, actividad y porcentaje de participación directa o indirecta en la entidad. También debe informarse si esas personas son políticamente expuestas.
Se cae el empadronamiento anual de octubre
Otro de los puntos que introduce la disposición es la eliminación del sistema de empadronamiento anual fijo que se hacía en octubre, previsto por una normativa de 2014. En su lugar, los controles quedarán atados directamente a las operaciones que ingresen para su inscripción.
La norma también delimita las responsabilidades. Los registros inmobiliarios no tendrán que repetir las verificaciones de fondo que ya corresponden a los escribanos: su intervención se concentrará en comprobar que se haya incorporado la documentación exigida y que se haya declarado la condición de persona políticamente expuesta de los participantes.
¿Qué pasa si falta información? La ausencia de la declaración de beneficiarios finales no será, por sí sola, motivo para observar el documento presentado para su inscripción. Sin embargo, el área registral deberá comunicar de inmediato la omisión al Oficial de Cumplimiento para que intervenga según las regulaciones vigentes.
Las nuevas disposiciones rigen para los documentos autorizados a partir del 8 de noviembre de 2026 y reemplazan a tres reglamentaciones anteriores, de 2014 y 2023.
El esquema forma parte de la adaptación provincial a la Resolución 93/2026 de la UIF, que instaura un sistema de prevención basado en riesgos para los Registros de la Propiedad Inmueble y redefine las tareas de control que esos organismos deben cumplir.
