Compraron 150 computadoras, abrieron el galpón y no era lo que habían pagado

La Policía de San Juan atraviesa dos investigaciones que avanzan en paralelo y que salpican a la fuerza en su conjunto: por un lado, la compra de equipamiento informático de 2023 que terminó con equipos que no son los adquiridos; por el otro, el faltante de más de un centenar de armas en la División Armamento. En ambos expedientes interviene la Justicia y la Subsecretaría de Control de Gestión, que tramita sumarios administrativos propios.

El subsecretario del área, Damián Villavicencio, fue quien dio los detalles en Radio Sarmiento y confirmó que las dos causas siguen abiertas, con personal policial bajo la lupa.

La compra que nunca llegó a destino

El primer expediente se remonta a mayo de 2023. La Policía compró 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets con fondos nacionales de un programa de fortalecimiento y apoyo tecnológico. El monto total fue de 90 millones de pesos.

Según relató Villavicencio, cuando asumió la gestión del gobernador Marcelo Orrego se detectó una irregularidad de fondo: en los papeles los bienes ya figuraban incorporados al patrimonio de la fuerza, pero nunca habían llegado a los destinos asignados. El expediente estaba cerrado y el pago, hecho.

La Policía puso el caso en conocimiento de la UFI. Con el correr de las semanas, el proveedor informó que los equipos estaban en un galpón. Los bultos aparecieron, pero las pericias determinaron que no eran las computadoras adquiridas: no reunían las características técnicas que exigía la compra.

El funcionario aclaró que no puede precisar cuánto valen los equipos hallados, aunque insistió en que no coinciden con lo solicitado en el pliego.

Tres policías, un sumario y posibles sanciones

La subsecretaría inició un sumario administrativo contra los tres policías formalizados en la causa: Valverde, González y el comisario mayor Santoni, retirado desde fines del año pasado. Los tres integraban la junta encargada de recibir los equipos.

Villavicencio recordó que el área tiene competencia para investigar a policías en actividad o en retiro. Valverde y González fueron reubicados dentro de la fuerza y continúan prestando servicio.

Los tres serían citados a declarar en una o dos semanas, una vez que el expediente cuente con los informes y los dictámenes de asesoría letrada. El subsecretario no descartó que también sean convocados otros efectivos que intervinieron en la tramitación de la compra.

Si se comprueban responsabilidades, las sanciones van desde suspensiones hasta la cesantía o la exoneración. Villavicencio estimó que, de confirmarse irregularidades, la sanción sería una de las más graves, por tratarse de una situación que calificó como “anormal bastante importante”.

¿Qué sabían las autoridades de la época?

Consultado sobre el entonces jefe de Policía, Luis Martínez, y el entonces secretario de Seguridad, Carlos Monizaga, el subsecretario evitó afirmar o descartar que estuvieran al tanto. Dijo que eso surgirá de la investigación y que, al tratarse de una compra de la Secretaría para la Policía, “deberían haber sabido”, aunque aclaró que no puede aventurar una conclusión.

Ninguno de los dos está vinculado a la causa y, como no son policías en actividad ni en retiro, quedan fuera de la órbita de la subsecretaría. No se descarta que sean citados como testigos si la investigación lo requiere.

El faltante de armas: “Un poco más de cien”

El segundo caso salió a la luz a partir de un relevamiento en la División Armamento. Allí se detectó un faltante de armas que fue denunciado de inmediato ante la UFI de Delitos Especiales. La denuncia, presentada por la jefatura, tiene apenas un par de semanas y la subsecretaría ya abrió su sumario administrativo.

Villavicencio indicó que el faltante ronda “un poco más de cien” armas, aunque aclaró que la cifra todavía es objeto de investigación. Las armas pertenecen a un lote de 500 adquirido por la Policía en agosto de 2022. No hay un monto determinado, ya que habría que establecer el valor de las armas en esa fecha o actualizarlo.

El sumario se tramita contra “personal policial a determinar”. A la Justicia se le informó la nómina completa de quienes pasaron por la división desde la compra, entre 25 y 30 efectivos. Si surgen responsabilidades, se vinculará puntualmente a los involucrados.

Los policías mencionados están imputados o vinculados a una investigación en curso y gozan de la presunción de inocencia hasta que haya una resolución firme.