Compraron a una niña de 13 años con 825 mil pesos y la esclavizaron: la macabra condena a toda una familia
Pagaron 825 mil pesos por una niña de 13 años y la mantuvieron esclavizada durante años. La sentencia incluye una indemnización millonaria, pero la historia de horror recién comienza a conocerse.
Un matrimonio y su hijo fueron sentenciados a 10 años de prisión por captar, trasladar y explotar a una adolescente de su misma comunidad gitana desde los 13 hasta los 16 años. El Tribunal Oral Federal de San Juan, a cargo del juez Daniel Doffo, no solo dictó la pena de cárcel, sino que también impuso una reparación económica de 75 millones de pesos para la víctima.
¿Cómo comenzó el calvario?
Entre marzo y abril de 2022, en la provincia de Neuquén, los padres de Franco Cristo (24) pagaron 825 mil pesos a los progenitores de la víctima para concretar un “matrimonio infantil”. Luego del rito, la adolescente fue trasladada a Santa Fe, donde residía la familia de los acusados: Alberto Cristo (45), Isabel Cristo (46) y su hijo Franco.
Allí, la joven fue sometida a una situación de servidumbre que abarcó explotación sexual, doméstica y laboral. Sufrió violencia física y psicológica sistemática: la golpeaban, le provocaban quemaduras con cigarrillos y agua caliente, y la obligaban a realizar venta ambulante en condiciones extremas, incluso enferma o bajo climas adversos. Todo el dinero recaudado debía entregarse a sus captores bajo amenaza de privación de alimentos.
El intento de fuga que destapó todo
La pesadilla duró hasta finales de 2024. En abril de 2025, la adolescente intentó escapar en San Juan, donde se había trasladado con su agresor y el hijo en común. En la localidad de Caucete, fue interceptada por sus suegros, quienes intentaron secuestrarla para llevarla de vuelta a Santa Fe. La víctima logró bajar del vehículo con su hijo en brazos, pero fue recapturada a la fuerza. Testigos presenciaron la escena y llamaron al 911, lo que permitió que la policía de San Juan y la Unidad Rural N° 1 rescataran a la joven.
Condena ejemplar y medidas de reparación
El fiscal Fernando Alcaraz y áreas especializadas como la PROTEX sostuvieron que las prácticas culturales no justifican la violación de derechos humanos. El juez Doffo ordenó el decomiso del vehículo utilizado en el secuestro y medidas de reparación no económicas, como la difusión de la sentencia en lenguaje claro para las comunidades gitanas de San Juan y Santa Fe. La víctima, que producto de las violaciones tuvo un hijo, hoy reside en Salta buscando reconstruir su vida.
